¿Cambios veloces, crisis precoces?

Casi a la misma velocidad con que sale una nueva revelación relacionada con el caso Lava Jato, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra conjuró ayer una crisis ministerial que amenazaba con volverse una bola de nieve política de grandes dimensiones. Haber cambiado velozmente a cuatro ministros, sin embargo, no necesariamente resuelve un problema más hondo y tendido.

Lo que se percibe en estos raudos cambios, como en ocasiones anteriores, es la intención de ahuyentar todo atisbo de sospecha que vincule al Ejecutivo con la corrupción. Solo que cuando esto se hace recurrente ya sugiere una falta de puntería política asombrosa. No es posible, ni saludable, equivocarse tanto; y tampoco tener explicaciones nebulosas sobre lo ocurrido.

Algunas de ellas han irrumpido estos días como nubes grises que oscurecen el debate. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, ha declarado que los cambios en el gabinete no tienen “ninguna relación” con la reunión realizada entre el exministro Juan Carlos Liu Yonsen y la empresa Odebrecht. Algo así como que todo ha sido una mera coincidencia.

Difícil creerlo si, para comenzar, una de las renunciantes fue la ahora exministra de Justicia Ana Teresa Revilla, que al menos estuvo enterada del cónclave con la compañía brasileña. Aun si los otros ministros renunciantes, Flor Pablo (Educación) y Edmer Trujillo (Transportes y Comunicaciones), no tenían relación directa con el tema, su salida lleva el sello de una crisis. Que a corto plazo puede anunciar otras. Martín Benavides, por ejemplo, el nuevo titular de Educación, fue jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Va a tener enemigos en el próximo Parlamento, atrincherados sobre todo en Fuerza Popular y en Podemos Perú. No descartemos que ya se trame una interpelación contra él.

Fernando Castañeda, quien ejerce desde ayer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también tiene difíciles retos al frente. Cualquier paso en falso respecto de la Procuraduría, o en la manera como se lleva la lucha anticorrupción en general, lo puede poner en apuros. No es difícil imaginar que cuando entre en funciones el Congreso también lo ponga en la mira.

Finalmente, Carlos Lozada, el nuevo titular de Transportes y Comunicaciones, debe lidiar con los proyectos en curso, con los peajes o con la prevención necesaria para encarar la temporada de lluvias que ya viene causando estragos en el país. El margen para equivocarse, en suma, es pequeño. Salvo que el Gobierno quiera terminar arrasado por un aluvión político.