Regulando a los reguladores

¿Dónde serán discutidas las previsibles nuevas reglas? ¿Una comisión multisectorial del Ejecutivo? ¿O en el nuevo Congreso?

Mirko Lauer
10 Feb 2020 | 0:52 h

La tragedia de Villa El Salvador ya es una crisis de proporciones, abierta a nuevos escenarios: responsabilidades penales más estrictas para quienes incumplan con la supervisión y fiscalización de quienes transportan combustible, o que desprotejan al trabajador o afecten la salud y la seguridad de la población.

Las declaraciones del titular del Minem apuntan a responsabilidades en Osinergmin, pero también a los procedimientos regulatorios mismos, en todas las instituciones normativas. ¿Dónde serán discutidas las previsibles nuevas reglas? ¿Una comisión multisectorial del Ejecutivo? ¿O en el nuevo Congreso?

Por un lado está la búsqueda de culpables de los 25 muertos. En esto la responsabilidad de Osinergmin puede ser ineludible, y con condenas efectivas. De allí se desprenden conclusiones aplicables a toda entidad regulatoria, minera, laboral o de transporte.

De otro lado se abre un debate académico y político sobre la regulación en una economía de promoción de la inversión privada. Esto incluye el marco que defina las reglas para las empresas públicas y privadas. Algo muy complejo, por varias razones.

Una es la alta informalidad de la economía. Otra el predominio de las pequeñas empresas, todas ellas materia de supervisión. Luego está la oposición de los gremios, que rechazan normas y reglamentos que incrementen sus costos. Prefieren rapidez en las autorizaciones y relajamiento en el control.

Luego están los pocos recursos para supervisar y fiscalizar, y su debilidad institucional (i.e. presiones externas). Aquí dos factores más: la tercerización del servicio de supervisión no siempre ha resultado efectiva, y los largos procesos de contratación de personal hacen que el presupuesto asignado no se ejecute en el año fiscal.

Es probable que se busque condicionar el rol de las reguladoras a una subordinación al Ejecutivo, y así restarles su rol de organismos autónomos, no sujetos a presiones políticas. Eso está en cuestión ahora con la decisión del gobierno de iniciar una reorganización de Osinergmin.

El nuevo Congreso va a querer intervenir en la tragedia de Villa el Salvador, investigando la labor de la Sunafil, Sutran, Sunedu, Sunass. En los dos primeros los accidentes ya acumulan cientos de muertos; y en los otros dos, los problemas en el servicio de agua y saneamiento y el cierre de universidades han generado protestas que aún no devienen en conflictos sociales, pero que sí producen nervios en el Ejecutivo.