Otra vez a la carga

Se ha anunciado que el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que preside el jefe del Estado Martín Vizcarra se encuentra elaborando 21 proyectos de ley para medidas de mediano y largo plazo en la administración de justicia que serán presentados al nuevo Congreso, cuando se instale probablemente en marzo próximo.

Como se sabe, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia está integrado por el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el contralor general de la República, y el defensor del Pueblo. Esta comisión es resultado, precisamente, de los primeros proyectos de reforma presentados por el Gobierno el año 2018 al disuelto Congreso, y del cual inexplicablemente se retiró el Tribunal Constitucional durante el polémico mandato de su anterior presidente.

En el paquete a proponer se encuentran la nueva ley orgánica del Ministerio Público, prometida por la actual fiscal de la Nación que será complementaria a la limpieza que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hará en la Junta de Fiscales Supremos penetrada por el grupo los ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

Otras normas serán la reforma de arbitraje, luego de los escándalos documentados, y sobre los cuales guardan silencio más de dos años los centros de arbitrajes comprometidos y la reorganización de la Academia de la Magistratura, una escuela judicial de rango constitucional que agoniza en medio de disputas internas y cuestionados manejos académicos.

Finalmente, entre las normas a proponerse se encuentran la de los mecanismos para la elección del procurador general del Estado y la especialización de la Policía para un tratamiento eficaz de casos de violencia contra la mujer. En este caso, sin embargo, los cambios se quedarán cortos si no se asume la reforma policial de modo integral y como parte del acceso a la justicia, considerando la grave crisis del sector y el evidente fracaso de su liderazgo.

Es muy necesario dar paso a la segunda etapa de la reforma judicial, ampliando sus objetivos a otras instituciones, y que el nuevo Congreso inicie sus funciones con una ruta reformista clara. En este punto habría que recordar que el Congreso disuelto, que se demoró varios meses en aprobar normas cuya utilidad era clamorosa, dejó dos proyectos cruciales sin aprobación, la promoción de la ética en el ejercicio de la abogacía y la creación de una Fiscalía Anticorrupción. El espíritu de las redes corruptas se impuso en el Parlamento, pero la historia debe ser distinta ahora.