No es tan fácil

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar infundada la demanda de competencia planteada por la Comisión Permanente del Congreso por la disolución del Legislativo debe producir efectos que atañen directamente a los partidos que se opusieron a esa medida constitucional.

Entusiastas a la hora de acudir al TC, aseguraron en ese momento que este organismo tenía la competencia e idoneidad para pronunciarse en este delicado asunto y que acatarían la decisión que adoptara. Esta decisión se ha producido, pero algunos voceros de estos grupos han cambiado de opinión solo porque el resultado no es de su agrado y la han emprendido contra el máximo intérprete de la Constitución.

Habría que recordar que el TC se ha pronunciado sobre los actos que culminaron con la disolución del Congreso el 30 de setiembre. Aquel día, sin embargo, los grupos que integraban la mayoría parlamentaria realizaron actos de resistencia de los cuales por lo menos deberían autocriticarse.

El primero de estos fue la aprobación de la Moción de Orden del Día Nº 10651 por 86 miembros del Congreso disuelto, que declaró la incapacidad temporal del Presidente de la República Martín Vizcarra supuestamente por propiciar la ruptura del orden constitucional, es decir, realizar un golpe de Estado. Antes, por 79 votos aceptaron una moción de vacancia de Vizcarra.

De modo irresponsable, este grupo llevó lejos su resistencia al ejercicio de una prerrogativa presidencial, juramentando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”, una figura ilegal en el ordenamiento peruano, intentando forzar el debilitamiento de la institución de la presidencia y propiciando un peligroso dualismo que felizmente duró pocas horas. El tinglado se les cayó solo por el rechazo de la opinión pública y la falta de credibilidad internacional.

De los seis grupos que adoptaron estas decisiones irresponsables, cinco se presentan a las elecciones parlamentarias del 26 de enero (Fuerza Popular, Apra, AP, APP y Contigo), a los que se suman el PPC, cuyo presidente también se paseó por los medios llamando “golpe” a la disolución, y Solidaridad Nacional que lleva en su lista a buena parte de fujimoristas, algunos protagonistas de estos hechos.

Estos grupos no pueden hacer de sus actos borrón y cuenta nueva y eludir una autocrítica, demandando el voto de los ciudadanos para un Congreso que, a tenor de su posición del 30 de setiembre, sería fraudulento y resultado de un “golpe”. La incoherencia y el pragmatismo no pueden llegar a tanto.