Odebrecht: PJ evaluará el 22 de enero pedido para descongelar inmueble vinculado a Miguel Atala
El magistrado Juan Sánchez Balbuena convocó a audiencia puesto que la defensa del investigado Miguel Atala, quien tiene arresto domiciliario por el caso Odebrecht, no asistió esta mañana.
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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que el próximo miércoles 22 de enero, desde las 9 a.m., se revise una solicitud para revocar la orden de inhibición que recae sobre un inmueble ubicado en Casuarinas Sur, Santiago de Surco.
Es decir, que se impida la transferencia, venta o alquiler de la propiedad.
Acorde con la fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Meryl Huamán, el predio pertenece al investigado Miguel Atala Herrera, también testaferro del expresidente Alan García al recibir US$1 millón 300 mil de Odebrecht.
El magistrado Juan Sánchez Balbuena suspendió la sesión que tuvo lugar esta mañana debido a que no estaba presente la defensa legal de Atala.
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No obstante, sí asistieron los abogados de quien aseguró ser el propietario real del terrreno, el ciudadano Antonio Mohína Rosas.
Así, durante el desarrollo de la sesión se sostuvo que Mohína es dueño del inmueble desde 1987, sin embargo, en 2010 se enteró de que la empresa Selectos figuraba como propietaria.
Otra persona jurídica, posteriormente, realizó una escritura pública “con firmas falsificadas” en Satipo, departamento de Junín, para obtener la propiedad del terreno.
De este modo la empresa vender a una tercera persona jurídica el bien de modo que esta última vende a Miguel Atala el inmueble por US$300 mil en enero del 2011.
Sobre la base de estos hechos, la Fiscalía sostuvo que el inmueble pertenece a Miguel Atala y debe mantenerse la orden en su contra.
Por otra parte, el terreno de Santiago de Surco tiene dos procesos (nulidad de acto jurídico y otorgamiento de escritura pública) que han dado la razón a Antonio Mohína sobre quién es el propietario.
Atala Herrera, exvicepresidente de Petroperú, no ha impugnado ambas decisiones. Actualmente tiene una medida de arresto domiciliario por 36 meses en el caso Odebrecht.
