Pacto por el gasto público

El Gobierno busca un punto de quiebre a la baja inversión pública del año pasado. Ahora pretende asegurar la ejecución presupuestal en las regiones desde los primeros días de enero, de modo que sea más alta que la del primer trimestre del 2019.

Para lograrlo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgará un reconocimiento a quienes cumplan las metas, se entiende con más presupuesto, además de un control con tableros de ejecución y un plan de seguimiento semanal y trimestral a los pliegos nacionales.

La estrategia del Gobierno parece clara: se trata de una combinación de incentivos y control, en un menú que incluye obras priorizadas –10 por cada región– seguimiento, alertas de ejecución y reuniones trimestrales.

Imposible estar en desacuerdo con las medidas adoptadas; aunque, desagregadas, algunas se han intentado sin éxito en el pasado, desde que el año 2016 el entonces titular del MEF, Alfredo Thorne, instalara mesas de trabajo con las regiones, para que ayuden a mejorar el desempeño de sus gestiones administrativas. Otras medidas adoptadas fueron los cursos de capacitación y el traslado de especialistas que en el terreno garanticen el destrabe de los proyectos y el uso ágil de los recursos.

Sin renunciar al impulso de arriba hacia abajo, habría que mirar con mayor profundidad lo que sucede en el Gobierno central, por ejemplo, las llaves de habilitación del gasto, que las regiones y municipios señalan que se mueve con lentitud, y la capacidad supervisora de los entes rectores, es decir, los ministerios. Así, resultará imposible que el Ministerio de Salud o de Educación intenten impulsar el gasto público si ellos mismos se encuentran sometidos a una alta rotación de ministros, viceministros y directores nacionales.

Es claro que la inversión pública es al mismo tiempo un problema de gestión, es decir, técnico e institucional, y que por esa razón demanda un primer acuerdo de carácter político en cada uno de los niveles de gobierno y entre ellos. Fracasado el exclusivo enfoque tecnocrático, este acuerdo debería colocar como primera prioridad del Estado el gasto público para cerrar las brechas –y no solo de infraestructura– en la que debería participar inclusive la Contraloría General de la República.

Este acuerdo no pasa por premiar con más dinero al que gasta, sino con más legitimidad; debe incluir a las poblaciones, las menos convocadas hasta ahora, y superar las diferencias entre regiones y municipios que ya se aprecian luego del primer año de gestión. Que el Estado no sepa gastar es un problema de la política.