JNJ ya cuenta con sus siete miembros titulares

Por: Diego Quispe y César Romero

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) por fin cuenta con sus integrantes y podrá entrar en funciones. No es la mejor, pero es un gran avance.

La tarde de ayer, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, anunció lo evidente: la Comisión Especial encargada del proceso ya tenía elegidos a los siete integrantes de la JNJ y a sus accesitarios. “Contamos con los titulares y suplentes”, dijo.

Gutiérrez estuvo acompañado del presidente del PJ, José Lecaros; del TC, Ernesto Blume; de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; del contralor Nelson Shack; y de los rectores de la UNI y de la Universidad de Piura.

La CE delegó el rol de presentar los resultados a su vocero Armando Canchanya. Este informó que, de acuerdo al orden de mérito y a la votación de los miembros de la CE, los abogados electos son el exministro de Justicia Aldo Vásquez; el exviceministro Henry José Ávila Herrera; la exjueza Luz Inés Tello; la exministra de Justicia María Zavala; el excongresista Marco Tulio Falconí; la exfiscal Imelda Tumialán y el abogado Antonio Humberto de la Haza.

Mientras que los suplentes son Guillermo Thornberry, Abraham Siles, Mónica Roselle, Jaime Pedro de la Puente, María del Pilar Dolores, Jorge Bayardo Calderón Castillo y Jacinto Julio Rodríguez. Ellos solo ejercerán funciones si falta alguno de los titulares.

Según trascendió, la ubicación de los titulares electos es conforme a los puntajes que cada postulante alcanzó en la evaluación curricular, de conocimientos y la entrevista.

A partir de hoy, todos los consejeros tienen el mismo nivel, no hay prelación por orden de nombramiento. El orden de nombramiento sí permanece para los suplentes, que de ser necesarios serán llamados en orden del 1 al 7. Cada candidato requirió un mínimo de cinco votos. Solo tres habrían logrado siete votos. La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, se habría inhibido en el caso de Zavala y votado en contra de Marco Falconí y Henry Ávila.

Actas sin publicar

En conferencia de prensa, Canchanya aseguró que las actas de las calificaciones y votaciones para elegir a los magistrados de la JNJ serán públicas. Pero al cierre de esta edición, solo difundieron los resultados finales y la ubicación de los aspirantes de acuerdo al orden de méritos.

Los detalles de la votación y criterios que tomaron los notables de la Comisión Especial para calificar a los entrevistados también se mantuvieron en reserva. Canchanya respondió que esos aspectos se conocerán mediante la resolución a publicarse en el diario El Peruano.

Para el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, lo ideal era que esa información se conozca el mismo día en que se revelaron los resultados del proceso. “No solamente los puntajes, sino cómo se llegaron a estos. Un elemento clave es la calificación que hizo cada comisionado a los entrevistados. La información tiene que estar publicada hoy (ayer)”, enfatizó.

El abogado Ernesto de la Jara, en esa línea, opinó que los resultados debieron anunciarse con “cada nombre, con el puntaje final, pero sobre todo precisando con cuántos votos y la fundamentación de cada caso por cada miembro de la CE”.

Este detalle, la argumentación de cada voto, podría ser el motivo por lo que la Comisión Especial no publicó el acta de forma inmediata.

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez consideró que, en la elección de los integrantes de la JNJ, “de los siete, tres están libres de cuestionamientos: Inés Tello, Imelda Tumialán y Aldo Vásquez”.

La JNJ reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y se encargará de evaluar, elegir, ratificar y destituir a jueces y fiscales. Por eso era urgente que se concrete su conformación y, a su vez, que sean electas personas capaces, probas y sin inclinación política.

Los cuestionados

Ramírez cuestionó los nombramientos de María Zavala y Marco Tulio Falconí. La letrada recordó que Zavala fue la suplente del exmagistrado del CNM Baltazar Morales y habría buscado integrar dicho organismo, sin lograrlo. Zavala también fue ministra de Justicia en el gobierno de Alan García Pérez. Antes de ser ministra fue jueza anticorrupción en los casos contra la red Fujimori-Montesinos y presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima.

En el caso de Falconí, recordó Ramírez, “ha postulado a todo lo que ha podido: no solo fue congresista, quiso renunciar al cargo para ser gobernador regional, postuló al Colegio de Abogados y al Tribunal Constitucional. Además, tiene un proceso judicial en Arequipa”, añadió.

Otro abogado cuestionado, detalló la constitucionalista, es José Ávila Herrera. Durante el periodo de entrevistas de la Comisión Especial, cabe recordar, la fiscal de la Nación lo abordó respecto a sus vínculos con las empresas mineras. Ávila Herrera fue jefe de la Oficina de Gobernanza Territorial. Dos meses después de dejar el cargo trabajó para la minera Río Blanco. La fiscal Zoraida Ávalos le preguntó si esto representa o no un conflicto de interés.

Ramírez consideró que, en caso Ávila, Zavala y Falconí no tengan un desempeño adecuado, el nuevo Congreso podrá removerlos, conforme a ley.

Por eso, de acuerdo a la tesis del ex defensor del Pueblo Walter Albán, en la elección de los magistrados de la JNJ “hay luces y sombras”, pues hay letrados con un historial intachable, mientras que otros con antecedentes polémicos.

“Podemos decir que ya contamos con una JNJ. Sin embargo, varios de los que quisimos hacer un seguimiento más cercano, no pudimos. Menos durante las entrevistas personales”, protestó.

De la Jara resaltó, en tanto, que los abogados electos para la JNJ no figuran académicos. “Casi todos son exjueces, exfiscales o exfuncionarios, es decir, provienen, a imagen y semejanza, de las realidades que se quiere cambiar… Creo que estamos muy lejos de lo que nos propusimos”, lamentó.

Trabajo inmediato

La Junta tomará juramento el 6 de enero y debe empezar a trabajar de inmediato. De acuerdo con la ley, tiene un plazo de 18 meses para revisar, de oficio o por denuncia, los nombramientos, ratificaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los integrantes del CNM que fueron removidos por el Congreso de la República, en los casos que existan indicios de graves irregularidades. Esto incluye la situación del ex fiscal de la Nación y fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry, ratificado de oficio el 3 de julio del 2018, para asegurar que jure en el cargo en vísperas de que estalle el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

Lo mismo sucedió con el juez supremo Josué Pariona. Luego de que él y Chávarry fueran ratificados, se denunció un aparente cambio en las notas de su producción jurisdiccional. Requerían un mínimo de 70 puntos para pasar a la ratificación de oficio. Chávarry habría obtenido 69.22 puntos y Pariona 71.92 puntos.

Igualmente, se deberán revisar los últimos nombramientos de jueces supremos, entre ellos, de Martín Alejandro Hurtado Reyes, Mariem Vicky de la Rosa Bedriñana, Carlos Giovani Arias Lazarte y Aldo Martín Figueroa Navarro, que habrían recibido apoyo del destituido y prófugo César Hinostroza Pariachi. Mariem de la Rosa es la actual jefa de la OCMA.

Adicionalmente, a la espera de los informes de la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, deberán ver los pedidos de destitución de los jueces y fiscales vinculados a la red de corrupción ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, que encabezaba el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos.

Otra medida urgente es la elección del nuevo jefe del Organismo de Procesos Electorales, ONPE, que se encuentra vacante tras la separación de Adolfo Castillo Meza, al conocerse que su nombramiento fue promovido por intereses políticos.

Tras los procesos de revisión, más las jubilaciones, se habrá producido una serie de vacantes en la Corte Suprema y la Fiscalía. Se estima que la Junta Nacional de Justicia tendrá que elegir entre ocho a diez nuevos jueces supremos de un total de 20 titulares. Además, de tres a cuatro fiscales supremos titulares de un total de seis, lo que generará grandes cambios en la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación.

Puntaje obtenido por los electos magistrados de la JNJ

María Zavala y De la Haza Barrantes obtuvieron calificaciones bajas en la evaluación curricular. Sin los resultados de la entrevista personal, no hubieran llegado al puntaje ideal y la ubicación necesaria para ser titulares.