Canadá reclama pruebas a fiscal del Callao sobre presunto caso de crimen organizado

Según la investigación del fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios del Callao, Eugenio Perca Contreras, se produjo una confluencia de intereses entre Servicios Materiales de la Marina (SIMA) y la empresa gubernamental Canadian Comercial Corporation (CCC), para la construcción y provisión de 3 bases modulares por 21 millones de soles destinadas a la Infantería de Marina.

Como parte de su indagación, el fiscal por intermedio de la cooperación judicial del Ministerio Público, solicitó al gobierno de Canadá información sobre el acuerdo comercial entre la CCC y SIMA, porque presume que existió negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo cuando ambas partes asignaron a la empresa Weatherhaven el contrato para las bases modulares.

Según el artículo 399º del Código Penal, se entiende por negociación incompatible cuando un funcionario o servidor público se interesa indebidamente -en busca algún tipo de beneficio, especialmente económico- para que se concrete un contrato en el que participa debido a su cargo o función.

Por este motivo las autoridades de Canadá le preguntaron al fiscal Perca qué evidencia tiene para implicar a funcionarios de la CCC junto a otros del SIMA para supuestamente beneficiar a Weathehaver.

Sin evidencias

En efecto, las dificultades del fiscal Eugenio Perca para sustentar su investigación quedaron en evidencia cuando la jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, la fiscal superior Celia Goicochea Ruíz, en respuesta a su solicitud de información al gobierno de Canadá, respondió que las autoridades de este país contestaron que no podían atender su requerimiento porque carecía de sustento.

“De acuerdo con la ley canadiense (...) se debe tener fundamentos razonables para establecer que el delito ha sido cometido y que la evidencia del delito será encontrada en Canadá. Al respecto, el pedido no es claro de cómo ha ocurrido el delito que se imputa”, señala la fiscal superior al fiscal Perca.

La autoridad no ha demostrado cómo pudieron haberse beneficiado los imputados, por lo que el gobierno de Canadá, por intermedio de la fiscal superior Celia Goichea, preguntó al fiscal Perca: “¿Es la posición de Perú que, los sospechosos señalados como funcionarios o servidores públicos, obtuvieron algún beneficio de manera directa o indirecta de ese contrato?”.

Lo llamativo es que el gobierno de Canadá, por intermedio de la Marina, informó al fiscal sobre las características del contrato entre SIMA y CCC.

Sin embargo, como ha informado La República, cuando estaba a punto de vencer el plazo de su investigación por negociación incompatible, el fiscal Eugenio Perca pidió un plazo adicional de 28 meses y planteó el caso como organización criminal, incluyendo a las autoridades del gobierno de Canadá.

El fiscal ha sido informado oficialmente que SIMA hizo el requerimiento de las bases modulares por intermedio de la Corporación Comercial Canadiense (CCC), una entidad estatal de propiedad del gobierno de Canadá que reporta al Parlamento para la fiscalización de sus actividades. Y en el marco de un convenio intergubernamental entre la CCC y el SIMA, la primera designó a la compañía Weatherhaven.

Según la nueva hipótesis del fiscal Eugenio Perca, para la consumación del contrato existió una presunta concertación entre funcionarios gubernamentales de Canadá y Perú para favorecer a la firma Weatherhaven, un planteamiento que desconoce el mecanismo aplicado en este caso para la designación de esta compañía.

Así fue el contrato

“Cuando un gobierno extranjero nos contacta y está buscando un proveedor para satisfacer una necesidad específica, pero aún no ha identificado ninguna empresa canadiense, la CCC examina y evalúa a los proveedores con los que ha trabajado con éxito en el pasado (...) (y luego), contacta a una o varias empresas canadienses identificadas para determinar su interés en el proyecto, y presenta una empresa o compañías canadienses viables al comprador para discutir sobre el camino a seguir”, informó el gobierno de Canadá por intermedio de su embajadora en el Perú, Gwyneth Kutz.

La carta remitida al Comandante General de la Marina le fue entregada al fiscal Eugenio Perca para que tuviera en claro que SIMA no ha había solicitado contratar directamente con Weatherhaven sino que pidió a la entidad estatal canadiense CCC, en cumplimiento de un convenio intergubernamental vigente, la asignación de un proveedor de bases modulares, como efectivamente ocurrió.

Se trataba de una operación en la que el gobierno de Canadá asumió toda la responsabilidad contractual y en la que todos los pagos fueron a la CCC.

“Antes de trabajar con cualquier proveedor canadiense, la CCC lleva a cabo una revisión exhaustiva del posible proveedor con respecto a las capacidades financieras, gerenciales y técnicas de la empresa. La CCC considera era revisión denominada diligencia debida (due dilligence) como un paso crucial para asegurarse de que un proveedor puede completar un proyecto de acuerdo con las condiciones del contrato, además de cumplir con los más estrictos estándares éticos”, señala el gobierno de Canadá en la mencionada carta.

Esta información no ha sido tomada en cuenta por el fiscal Eugenio Perca.

El último viernes 20 de diciembre, durante la audiencia en el Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, el fiscal no fundamentó el planteamiento de organización criminal en este caso bajo el argumento de que requería de un mayor plazo para obtener y analizar información.

En la última década, la CCC suscribió y cumplió contratos de 129 compañías canadienses en 91 naciones por más de 33 mil millones de dólares. En el caso del Perú, a partir de 2010 la CCC ejecutó 5 contratos con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior por más de 300 millones de dólares. En el caso del Ministerio de Defensa, firmó un memorando de entendimiento con la CCC el 22 de mayo de 2013. Y la CCC y SIMA suscribieron otro memorando para facilitar contratos en materia de defensa que pueden incluir transferencia tecnológica, el 25 de junio de 2014.

“Como Weatherhaven era conocido por la CCC como un proveedor especializado en campamentos y refugios móviles y tenía experiencia en el Perú, la CCC presentó a Weatherhaven ante la Marina de Guerra del Perú como proveedor de campamentos móviles”, explicó la entidad CCC: “El 4 de julio de 2014, la CCC respondió a SIMA aconsejando que Weatherhaven era la compañía en Canadá que podría proveer los campamentos móviles con las especificaciones puntuales solicitadas”.

Efectivamente, se cumplió el contrato de acuerdo con lo establecido, y los tres bases modulares de emergencia estuvieron operativas para asistir a las poblaciones afectadas por el Niño Costero en 2017.