El TC por dentro

Varias fuentes a las que ha accedido este diario han señalado que existe en marcha movimientos orientados a que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en la demanda de competencia sobre la disolución del Congreso explicite la inconstitucionalidad de esta medida, de modo que se abra la posibilidad de un procedimiento de vacancia del presidente Martín Vizcarra.

Este objetivo es, coincidentemente, el primer punto de la campaña electoral de las listas fujiapristas que compiten para los comicios del 26 de enero, y no queda duda de que en ambos espacios, el TC y la campaña, se desarrolla un solo mecanismo político. Queda claro quiénes y por qué lo impulsan los partidos políticos que ostentaron la mayoría parlamentaria en el Congreso disuelto, y debería saberse quiénes, por qué y cómo impulsan esta operación en el TC.

El presidente del TC, Ernesto Blume, ha dado algunas pistas en la reciente audiencia que reunió a la parte demandante y demandada en este conflicto de competencia, al deslizar algunas sugerencias en las preguntas que llevó a cabo.

Es cierto, como lo ha señalado el expresidente del TC César Landa a este diario, que así como una ley declarada inconstitucional puede generar una infracción para procesar a los congresistas, ello no corresponde como efecto de una demanda de competencia, pero bien podemos estar ante una pretensión elástica que reivindique al disuelto Congreso y genere un nuevo clima de perturbación política nacional, esta vez originada por el TC y ya no el Parlamento.

El TC tiene autonomía para decidir los alcances de su sentencia, pero los parámetros de la misma ya fueron señalados cuando decidió aceptar la demanda de competencia. En ese momento se anotó que el propósito no era guiarse por razones “de carácter formal” sino por la necesidad de encontrar un argumento de fondo para responder no solo a la disolución del Congreso, sino a la organización democrática del país.

En este contexto se registra un nuevo pedido que trata de apartar a un miembro del TC, como antes se pretendió hacerlo con su actual presidenta, esta vez en base a un confuso episodio que se pretende forzar como un presunto maltrato.

No son movimientos nuevos, y considerando las adhesiones púbicas de la denunciante, debe primar en el TC el principio de la transparencia y la recuperación de su rol docente constitucional, que está reñido con las patadas bajo la mesa y operaciones aparentemente legales, de factura tramposa. La idea debería ser que el TC debata con libertad, sin operaciones alrededor de sus integrantes.