Robo de galones
No son hijos de Bolognesi, sino hermanos de Donayre.
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A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial ha detenidos a dos generales de división del Ejército, dos generales de brigada de esa institución y a otros 17 oficiales y subalternos, a quienes acusa de pertenecer a una organización criminal dedicada a la sustracción y reventa de combustible de uso exclusivo del instituto militar.
Las capturas se llevaron a cabo en sedes castrenses en Lima, Arequipa, Cusco y San Martín. ‘Los Capos del Diésel’ fueron descubiertos gracias a una investigación de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, y no del control interno del Ejército, a pesar de que el caso se origina el año 2013 cuando fueron identificados oficiales de mando medio y subalternos que sustraían combustible de dependencias militares de Lima para venderla a grifos.
La Fiscalía ha realizado un trabajo minucioso de filmaciones, escuchas telefónicas y declaraciones de colaboradores eficaces hasta determinar el esquema de corrupción. No obstante, el ministro de Defensa, Walter Martos, ha realizado en pocas horas una rigurosa investigación, la misma que le ha permitido asegurar que este caso es “aislado” y que “no ha llegado a ningún nivel” del Ejército.
Esta excusa adelantada proveniente de un alto cargo, que debería más bien exigir el caiga quien caiga y ordenar que se esclarezca la falta de eficacia del control interno del Ejército, suena a un espíritu de cuerpo respecto a un asunto muy delicado precisamente por todo lo contrario, es decir, porque las evidencias suministradas por la Fiscalía indican la existencia de una trama continuada y extendida que resistía la rotación de personal. Este sistema no puede ser “aislado”, especialmente si las primeras detenciones se llevaron a cabo en varias ciudades.
Que cuatro generales que ostentan las más altos galones del Ejército –hermanos de Edwin Donayre y no hijos de Francisco Bolognesi– se dediquen a robar galones de gasolina, reviste una práctica corrupta agravada que debe ser calificada como delito, sin palabras evasivas como “camino equivocado” o “malas decisiones”. Lo del combustible se agrega a otros espacios de corrupción que la prensa ha denunciado los últimos años, especialmente la compra de armas, pertrechos, uniformes y el uso del dinero dedicado a los trabajos de inteligencia.
El mando operativo de las FFAA y la dirección política del sector no pueden ser observadores de este escándalo. La noticia que queremos leer los peruanos, incluyendo los militares honestos y sus familias, es que se encuentra en curso por lo menos una reestructuración.
