¿Sueltos en plaza? ¿o atados de manos?

Un 78% de encuestados Ipsos rechaza la inmunidad parlamentaria. La opinión va de la mano con el altísimo rechazo al anterior Congreso, y a primera vista parece una buena idea. Sin embargo, hay argumentos a favor de esa inmunidad, el principal de ellos proteger al representante de presiones contra su independencia de criterio a la hora de decidir.

Pero ese 78% está fijado en el principal argumento en contra: los parlamentarios pueden usar la inmunidad como patente de corso para eludir castigos por delitos comprobados, antes o después de haber asumido el cargo. Tales casos existen, y no son pocos, al extremo de que enorme mayoría ciudadana ha optado por privar del beneficio a justos por pecadores.

En realidad la inmunidad parlamentaria siempre ha tenido límites. Los congresistas pueden ser acusados por sus pares, privados del privilegio, y entregados a la justicia ordinaria. En pasadas legislaturas se han dado algunos casos, pero por lo general el proceso es trabado por una serie de consideraciones, sobre todo las del espíritu de cuerpo político.

Si la inmunidad convertida en impunidad es un flagelo, la ausencia de inmunidad entraña el peligro de parlamentarios limitados por el temor a una acusación civil o penal de parte de los afectados por sus leyes. Con un Congreso sin inmunidad, intereses de todo tipo se vuelven intocables. Digamos que la inmunidad se traslada a otro punto de la sociedad.

Sería inconveniente que el problema se traslade a una situación de todo o nada. Evitar congresistas desprotegidos es necesario. Evitar congresistas con capacidad de abuso de la prerrogativa también lo es. Lo conveniente sería llegar a un balance más eficaz entre la libertad y la responsabilidad, una tarea para constitucionalistas con realismo.

Una reforma debería tener en mente que la idea central de la inmunidad es proteger el núcleo de las tareas del parlamento, y en ese aspecto efectivamente tiene que ser absoluta. En todos los otros aspectos hay un amplio margen de posibilidades, de acuerdo al tipo y grado de la acusación al parlamentario, y de cuán convincente ella pueda ser.

Poner el tema exclusivamente en manos de los parlamentarios del 2020, como parecen querer algunos, no tendría mucho sentido. Todo parlamentario defenderá la mayor dosis de inmunidad posible.