Tía va, Tía viene

El Consejo de Minería declaró infundado el recurso de revisión del Gobierno Regional de Arequipa en contra de la licencia de construcción otorgada por el Gobierno central a la empresa Southern Copper a cargo del proyecto Tía María. La resolución contradice la posición de la población del Valle de Tambo, que considera que el área donde se desarrollará el proyecto es un ecosistema frágil, aduciendo que los ecosistemas frágiles no pertenecen a ninguna categoría del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

También desestima el reclamo sobre que la licencia de construcción fue emitida sin un estudio hidrológico de la zona y sobre el uso del agua de mar. Para el Consejo de Minería, el estudio hidrológico forma parte del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado en agosto del 2014, en tanto que en la etapa de la autorización de construcción no se establece como requisito obtener licencia de uso de esta agua.

La resolución ha sido criticada por omitir una interpretación amplia del caso. En cualquier circunstancia, el Consejo de Minería ha devuelto el expediente a las partes que deberán nuevamente intentar una solución. Queda por supuesto que la región Arequipa acuda al Poder Judicial, agotada ya la vía administrativa.

La población de Islay ha reaccionado radicalizando las medidas de protesta, la empresa ha sido cautelosa con este resultado consciente de la complejidad del conflicto, en tanto que el presidente regional de Arequipa ha tenido frases destempladas impropias del alto cargo que representa.

Por su parte, el Gobierno ha tenido una postura prudente, pero con reconocibles matices. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que ahora deben asegurarse las condiciones ambientales para que el proyecto inicie sus operaciones, en tanto que el premier Vicente Zeballos ha indicado que no habrá imposición. Por su parte, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, ha precisado que no avanzará el proyecto si no hay claridad sobre la protección de los ecosistemas frágiles.

Es cierto que se requiere diálogo y hace bien el Gobierno en insistir en él. Sin embargo, a diez años del inicio del proyecto es necesario avanzar a una decisión definitiva. Es el Ejecutivo el que debería proveerse de un punto de vista único y una acción que, siendo dialogada, disponga de los plazos convenientes para resolver el conflicto garantizando la viabilidad de un proyecto que tendrá beneficios para la región y el país. A estas alturas, todo diálogo deberá propender a soluciones y no a dilaciones.