El plan

El presidente ha anunciado que el Gobierno presentará en los próximos días su plan de trabajo. Lo hará un mes después de la disolución del Congreso, transcurrido el 25% del plazo para la celebración de las elecciones para reponer el Legislativo disuelto.

Se supone que en este mes el Gobierno se ha abocado principalmente y con denuedo a elaborar el citado plan; a la fecha los cambios son imperceptibles y la rutina gubernamental se ha mantenido, salvo el decreto de urgencia para mejorar el gasto público. Dada las situación del país, los plazos deberían ser administrados con más eficiencia, especialmente si la agenda pública es densa y las expectativas son altas, como lo demuestra la encuesta del IEP que publica hoy La República.

El Gobierno debe entender y equilibrar las demandas económicas y sociales de las que depende la gobernabilidad como un bien público a cautelar, en una etapa en la que el país ingresa a una campaña electoral jalonada por sucesos internos y externos que inciden en las expectativas.

Ocupan un lugar de primer orden los quehaceres para garantizar el mayor gasto público y la aprobación del presupuesto del año 2020 que correrá por cuenta del Ejecutivo. De ambos procesos dependerá la percepción de eficacia y orden de una administración que ya no tiene la hostilidad del Parlamento.

Otras áreas de fondo que reclaman acción urgente son la reactivación de la economía y la seguridad ciudadana. Sobre lo primero, se espera que el plan se encuentre relacionado con el propósito de mejorar la inversión privada y pública y menos con los reclamos de algunas dirigencias gremiales empresariales que atan una mejor evolución de la economía a la desregulación, como condición para la creación de empleo.

Un tema que no debería estar ausente en esta agenda es la reforma urgente de las AFP: las pensiones de miles de trabajadores son magras, la rentabilidad de su dinero es baja y las comisiones son altas, mientras los grupos financieros que manejan el SPP nunca pierden y obtienen ganancias extraordinarias.

Nuestra economía espera también la reconstrucción del norte. Al mismo tiempo, debe iniciarse la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad que incluye 52 proyectos de alto impacto.

Asimismo, el Gobierno debe reforzar su actual política de seguridad ciudadana que es, según la encuesta del IEP que publicamos hoy, la principal demanda de los peruanos. Dotar de nuevos patrulleros a las comisarías y aumentar policías en las calles son acciones importantes, pero la ciudadanía espera del Ejecutivo mejoras en la lucha contra delincuencia.