La Constitución viviente

Al disolver constitucionalmente el Congreso, Martín Vizcarra aplicó una solución drástica para una crisis que escaló hasta niveles imposibles. Lo hizo aplicando el artículo 134 de la Constitución, que lo faculta a esta disolución cuando el Parlamento niega la confianza a dos gabinetes ministeriales, en este caso el de Fernando Zavala en 2017 y el de Salvador del Solar el lunes último.

La ofensiva de la oposición por apoderarse del Tribunal Constitucional lo obligó a mover su última ficha, planteando la cuestión de confianza «para cambiar las reglas de la elección de los miembros del TC». Al presentarla ante el Congreso, el Premier Del Solar no pudo ser más claro: «Hago cuestión de confianza, en este mismo momento, para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la niegue, si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento».

La confianza quería resguardar la transparencia y publicidad del proceso de elección de los magistrados del TC. Para que este propósito se cumpliera, era necesario detener la elección en curso. En lugar de ello, el Congreso siguió con el nombramiento de Gonzalo Ortiz de Zevallos, que recibió 87 votos.

La cuestión de confianza se votó recién después, cuando, a través de un hecho concluyente, el Congreso ya la había negado. No puede rechazarse el proyecto que motiva la confianza y luego proceder a aprobarla. Algo similar ocurrió con la inmunidad parlamentaria, solo que los factores se presentaron al revés: primero se otorgó la confianza y luego se rechazó el proyecto.

Exigir una votación explícita como requisito ineludible para configurar la denegatoria de la confianza es ponerse de espaldas a la realidad y no querer comprender el principio de la «Constitución viviente» que tan bien expresó el Juez Supremo Oliver Holmes en Gompers vs. EEUU (1914): «Las disposiciones de la Constitución no son fórmulas matemáticas que tengan su esencia en su forma; son instituciones orgánicas y vivas. […] Su importancia es vital, no formal; deben entenderse no solo tomando las palabras y un diccionario, sino considerando su origen y la línea de su crecimiento».

La disolución constitucional de un Congreso nunca ocurrirá en condiciones asépticas. Siempre se aplicará en momentos límite, donde la realidad tratará de ser maquillada para que no parezca concordar con la letra de la norma. Era evidente que, en el contexto de la confrontación política que hemos vivido, frente a la posibilidad de una disolución, la mayoría del Congreso buscaría una fórmula para salirse con la suya y al mismo tiempo evitar su cierre.

Lo que vimos el lunes fue una abierta triquiñuela para burlar la cuestión de confianza, quebrar el principio de balance de poderes y usar la Constitución como un instrumento político. Queriendo o sin quererlo, quienes defienden una interpretación literal y obtusa de esta institución pretenden avalar una leguleyada. O algo peor.