La definición

La veloz arremetida de la oposición, que incluye la toma por asalto del Tribunal Constitucional, el súbito rechazo al proyecto de adelanto de elecciones y, todo indica, un proceso express de vacancia presidencial, ha puesto al gobierno contra las cuerdas. Mientras escribo estas líneas no se conoce la respuesta del Ejecutivo, más allá de una declaración firme pero puramente retórica de Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros.

Estamos a punto de llegar al desenlace que se ha venido cocinando desde que, en 2016, Fuerza Popular conquistó una amplia mayoría del Congreso, pero perdió la presidencia a manos de Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces, el partido dirigido por Keiko Fujimori emprendió una violenta acometida contra el gobierno que, a pesar de las saltantes evidencias, pensó que podía negociar con el fujimorismo, ofreciéndole concesiones para apaciguarlo y lograr un mínimo de gobernabilidad. Ya sabemos cómo acabó ese canto a la ingenuidad y la desidia.

¿Cambió la conducta del fujimorismo luego de la salida de PPK? ¿Mejoraron sus modales democráticos, aportó alguna ley trascendental para el país, dejó de confabular contra la educación, paró de blindar a personajes tan siniestros como Edwin Donayre, Pedro Chávarry o César Hinostroza? ¿Hizo alguna contribución a la lucha contra la corrupción de Odebrecht y Lava Juez?

Al gobierno se le puede acusar de haber cometido errores en su estrategia, pero de ninguna manera de ser el promotor del conflicto que vive con el Congreso. Decir lo contrario es negar hechos flagrantes y volverse cómplice de una abierta conspiración para acaparar las instituciones de la democracia, instalar un régimen totalitario que las maneje a su antojo y revertir los procesos contra la corrupción que comienzan a respirar en la nuca de varios parlamentarios. Para decirlo con todas sus letras: estamos a las puertas de ver cómo se consuma una ofensiva para arrasar nuestro Estado de derecho y obtener la impunidad de una sarta de corruptos y malos peruanos.

La gravedad de estos hechos no deja espacio para la tibieza. Como ha ocurrido tantas veces en los últimos años, ha llegado el momento de una movilización nacional como las que decidieron las elecciones del 2011 y 2016, cuyos resultados fueron —ahora lo sabemos con claridad— los mejores para el país. Porque los presidentes que elegimos podrán haber incurrido en actos de corrupción, pero se salvó la democracia, ese mismo sistema que hoy vuelve a estar bajo fuego y que ha permitido juzgar a estos expresidentes, junto con otros muchos inculpados, con las armas de la ley. Algo que de ningún modo hubiera ocurrido en un régimen totalitario como el que abanderó el fujimorismo desde su nacimiento en los noventa y que hoy quiere revivir.