Golpe y reparto

Fuerza Popular y sus aliados decidieron forzar de modo irregular la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), un organismo cuyo desempeño es crucial para el control de los actos de poder y la entrega de derechos. Ahora mismo, el proceso se encuentra viciado por los trámites que se llevan a cabo con increíble celeridad desde la presidencia del Congreso y la presentación de una lista mediocre, repleta de personajes oscuros, sin calidad académica, algunos de los cuales están relacionados con personajes cuestionados e investigados por corrupción.

La repartija clásica del poder, ese vicio político que conduce a la distribución de cargos para cubrir cupos partidarios, es acompañada en esta oportunidad por un objetivo mayor, que es la captura golpista de una institución que por diseño constitucional está llamada a ser objetiva, rigurosa y altamente calificada.

Un TC es sobre todo una reunión de personas nobles, idóneas, justas, razonables, además de su condición de abogados. Nuestro TC, desde el modelo establecido en la Constitución de 1979 que introdujo el control concentrado en el Perú, ha sido diseñado de modo que la elección de sus integrantes represente la aplicación de los principios de alto consenso democrático, pluralidad jurídica y calidad académica. A eso se debe el número de votos exigidos, el horizonte amplio de ideas que cubren sus miembros, y las competencias para el ejercicio de la función especializada de juez constitucional.

Fuerza Popular, el Apra y sus aliados tránsfugas no creen en esos valores y sus prioridades son otras. Instrumentando a una presidencia del Congreso con prácticas atrabiliarias y groseras, echaron por la borda estos principios y escogieron el camino para elegir un TC de medio pelo, salvo una o dos excepciones muy visibles a leguas, buscando a un grupo dócil capaz de darle la razón en sus conflictos con el Ejecutivo y de atenazar la política criminal que hace esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

El Congreso que tarda meses para debatir una reforma, apura alevosamente una elección cuyas líneas desde el primer momento fueron torcidas: designó una comisión excluyente, aprobó un cronograma exprés que no permite el consenso y elaboró la peor lista de candidatos. De ese proceso solo puede salir un producto reprensible.

El TC no es un juego; las bancadas comprometidas con esta maniobra y el actual presidente del Congreso tendrán una grave responsabilidad si insisten en dejarnos de herencia un TC ilegítimo y repudiable.