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Política

Derechos y prepotencia

A propósito de los sucesos en el Ministerio de Trabajo y San Marcos.

Editorial
Editorial

Un grupo de integrantes de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, en huelga desde el 10 de setiembre, irrumpieron violentamente en la sede del Ministerio de Trabajo, causando destrozos y agrediendo a los trabajadores de ese ministerio. Esta irrupción con ribetes vandálicos, como respuesta a una fallida diligencia extraproceso por la ausencia de los representantes de la Sociedad Nacional de Minería a la sede del organismo que impulsa el trato directo de las partes de un conflicto representa una distorsión grosera del derecho de huelga.

Es lamentable que legisladores de Nuevo Perú y el Frente Amplio se solidarizaran con los violentistas convalidando acciones no solo ilegales, sino temerarias. Este respaldo abiertamente sesgado no toma en cuenta que en la sede del Ministerio de Trabajo laboran trabajadores estatales con iguales derechos, con el agravante de que varios de ellos son trabajadores con discapacidad cuya integridad fue puesta en riesgo.

Esta es una valiosa oportunidad para reflexionar sobre los límites de los derechos y libertades sindicales. Estos gremios son reconocidos, y tienen cobertura legal sus acciones reivindicativas, incluido su derecho a manifestarse. Atacar una dependencia pública y a sus trabajadores desarmados e indefensos no tiene ninguna relación ética y política con un reclamo sindical.

Este suceso contrasta con otro. Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en protesta por la decisión del rectorado de ceder 9.500 metros cuadrados del terreno de la universidad para culminar las obras viales aledañas al centro de estudios, bloquearon las calles adyacentes a la universidad, en el marco de una larga disputa con la Municipalidad de Lima por una obra objeto de investigaciones.

Es cierto que el bloqueo de las pistas constituye un atentado a la libertad de tránsito de los ciudadanos y un ejercicio desbordado de la libertad de reunión. Sin embargo, la intervención de la policía no culminó como se suponía en despejar la vía, sino que derivó en un ataque con bombas lacrimógenas y hasta disparos con armas de fuego –como consta en las imágenes difundidas– al interior del campus universitario cuando miles de alumnos, ajenos a la manifestación exterior, se encontraban asistiendo a clases. En este caso, el exceso de la policía en el uso de la fuerza para reponer el orden puso en peligro a jóvenes estudiantes que esperan de la PNP orden, protección, mesura y racionalidad.

En ambos sucesos, las libertades y la ley no amparan el abuso, el exceso y la prepotencia.