Planes colectivos

La República ha revelado que el exmiembro de la dirección nacional de Fuerza Popular, su extesorero y expersonero legal Luis Mejía Lecca confirmó que documentos incriminatorios del partido fueron sustraídos e incinerados para que no cayeran en manos de la fiscalía durante el allanamiento del 7 de diciembre del 2017.

Mejía Lecca ha señalado que Ana Herz de Vega, ex secretaria nacional de organización del partido, y amiga íntima de Keiko Fujimori, coordinó la quema de documentos para que no fueran incautados. Este testimonio ha sido corroborado por otro testigo que estuvo en la casa de Herz. Luis Mejía, quien está preso por el caso de la compra de falsos aportantes a la campaña presidencial de Fujimori, confesó con detalle cómo la cúpula decidió ocultar y destruir documentos que demostraban el financiamiento ilegal de las campañas electorales de los años 2011 y 2016.

Lo primero que confirman estas revelaciones, muy comprometedoras por provenir de un alto cargo fujimorista, es que la dirección de Fuerza Popular, al mando de Keiko Fujimori, estuvo embarcada en actividades de obstrucción para que las autoridades no obtuvieran acceso a evidencia incriminatoria. Esta fue una de las razones que llevaron a la fiscalía solicitar la prisión preventiva de una parte de la cúpula fujimorista, y será relevante para la resolución que adopte la Corte Suprema respecto a la casación solicitada por la defensa de la excandidata presidencial.

La segunda constatación es más preocupante. Si se juntan cabos, como la actividad de Joaquín Ramírez, ex secretario general del partido; las revelaciones del congresista Rolando Reátegui sobre el lavado de los aportes ilegales; las confesiones de otros colaboradores eficaces, incluidos los exdirectivos de Odebrecht; y la elección de legisladores con claros antecedentes nefastos, se tiene, por lo menos, el cuadro de una organización política escasamente cuidadosa de no cometer ilícitos penales con voluntad colectiva.

Más allá de lo que determinen los procesos judiciales, especialmente sobre su lideresa, es inaudito que Fuerza Popular se niegue a aplicar una autocrítica respecto a sus actividades políticas y financieras. Al centrar su discurso en la defensa de una supuesta persecución política, evita asumir graves errores cometidos, de lo que se concluye que sin un ápice de arrepentimiento intentarán presentarse ante los peruanos en los próximos procesos electorales. Esa impunidad autoimpuesta no merece nuestra democracia.