Otros tiempos, iguales retos

“Se oponían y criticaban en esos tiempos, por cierto, quienes ocultaban su rabo de paja. Como ahora”.

Diego García Sayán
29 08 2019 | 02:44h

Lo cuento en un libro que publiqué el año pasado (“Cambiando el futuro”). Y aquí lo recuerdo por las grandes semejanzas del presente con las redes de corrupción que se descubrían y a las que se enfrentaba al terminar la década autoritaria de los 90. Retos singulares durante el gobierno de transición encabezado por Valentín Paniagua para que la justicia pudiera hacer su trabajo. La colaboración eficaz fue la herramienta principal de la sociedad democrática para hacer frente a las estructuras y redes criminales de corrupción.

Cuento allí lo que encontramos en noviembre del 2000: “En las primeras tres semanas se destaparon hechos gravísimos de corrupción a partir de investigaciones que recién se podían empezar. Antes, todo se había mantenido asordinado por fiscales y jueces, con el control político gubernamental; pero en diciembre del 2000 no dejaban de aparecer cada día más datos, o sospechas fundadas, sobre una serie de personajes, muchos de los cuales mágicamente acababan desapareciendo del país cuando iban a empezar algunas investigaciones. Había que hacer algo y ya”.

En coordinación con el presidente Valentín Paniagua cité a varios juristas y penalistas de primer nivel para analizar la situación. “Se concluyó que no se estaba ante una simple sucesión de actos graves de corrupción, sino que se trataba de enfrentar una estructura y red criminal, con todas las características del crimen organizado en su articulación, jerarquización y reglas fácticas de mutuo secretismo y complicidad… se echó mano de las experiencias más exitosas contra el crimen organizado”.

Había que contar con una ley de colaboración eficaz. No habían pasado dos semanas de la instalación del gobierno de transición, pero por lo apremiante de la impunidad que podría pasar a imponerse, el proyecto de ley –junto con otros- se hizo en pocos días, lo aprobó el Consejo de Ministros y luego el Congreso el 20 de diciembre del 2000. Se cumplía recién un mes del gobierno de transición.

La ley aprobada (27378) permitía reducir la pena compensándola con información sólida, que pudiera ser corroborada. Su impacto fue inmediato. Afloraban colaboradores que devolvían al Estado decenas de millones de dólares obtenidos, en particular, a través de compras de armas con precios inflados. Al finalizar el gobierno se habían firmado varios convenios de colaboración, estaban 650 personas bajo investigación de fiscales, 272 procesados y se recuperaron más de 100 millones de dólares que le pertenecían al país. Se oponían y criticaban en esos tiempos, por cierto, quienes ocultaban su rabo de paja. Como ahora.

Se sentaron allí principios básicos y normas legales que, en lo esencial, siguen vigentes. Veinte años después, la situación se asemeja en que hay interesados en tumbarse las investigaciones y la colaboración eficaz. Está claro de dónde viene la mano por lo que llama la atención que, además de los círculos de corrupción, algunos desubicados confronten –con espíritu populista- el valioso acuerdo de colaboración alcanzado con Odebrecht en un proceso. Es en una situación así en la que se miden los liderazgos democráticos nacionales. No hay duda que Paniagua sí lo ejerció.