Colaboración nacional

Los exdirectivos de la constructora nacional Graña y Montero José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña se acogieron a la colaboración eficaz en los procesos de investigación en los que se encuentran incursos. Esta información fue confirmada por el juez Richard Concepción Carhuancho, que se disponía a resolver el pedido de prisión preventiva por parte del fiscal José Domingo Pérez. Antes de esta diligencia, este magistrado fue informado de que ambos investigados ya se habían acogido a la colaboración eficaz antes dos fiscalías anteriormente, y que, además, renunciaban a la reserva de su identidad.

De ese modo se forma un cuadro más completo y auspicioso de las colaboraciones eficaces en los actuales procesos anticorrupción, considerando la posición empresarial de ambos investigados, el volumen de actividad de la empresa de la que fueron directivos y los casos sobre los cuales brindan información. Sin llegar a los niveles que alcanzaron las delaciones premiadas brasileñas, que incluyó también a políticos, lo que sucede en el Perú es crucial para el impulso de varias investigaciones. Ya antes otros investigados se acogieron a esta medida.

Esta decisión significa un previo reconocimiento de culpabilidad, lo que implica, al mismo tiempo, el primer paso de la resocialización del infractor. Más destacable aún es que en este caso se garantiza la integralidad de los procesos anticorrupción, criticados con frecuencia por juzgar solo a los corruptos y no a los corruptores.

El anterior juicio a la megacorrupción peruana, la del gobierno de Fujimori-Montesinos, no hubiese avanzado hacia donde llegó sin la colaboración eficaz de varias personas –entre ellas la más importante: Matilde Pinchi Pinchi-, gracias a cuyos testimonios pudo conocerse la masiva y profunda corrupción de la década fujimorista. Se entiende que este dato histórico nostálgico –además de la defensa de los investigados- motive el rechazo de esta medida por este grupo político.

Como efecto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal y de la expedición de otras leyes para combatir el crimen organizado, el sistema de justicia peruano se encuentra en mejores condiciones para combatir el delito de cuello y corbata. Ninguna exclusión o reducción de condenas, o de beneficios posteriores de quienes se acogen a esta medida, puede impedir que en un balance sobre beneficios y costos tenga como saldo favorable la limpieza moral de las instituciones. Este objetivo explica cualquier esfuerzo del sistema. La verdad se abre paso.