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Política

Apra reconoce que peleas internas han afectado su unidad y organización

La Libertad. Congresista Elías Rodríguez y comité regional de La Libertad continúan enfrentados. Atrás quedaron los tiempos cuando caminaban juntos. Hay mucha mediocridad, dice legislador.

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Wilson Castro. Trujillo

El congresista por La Libertad, Elías Rodríguez Zavaleta, reconoció que el Partido Aprista atraviesa una situación muy difícil y dura y que eso ha afectado la unidad y organización de la agrupación política fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Está bien difícil presentarnos el año 2020 (en caso se apruebe en el Legislativo el adelanto de elecciones generales propuesto por el mandatario Martín Vizcarra)”, acotó.

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Lamentó que el secretario regional, José Miranda Prado, haya pedido su expulsión y exhortó a la dirigencia y militancia a ser más tolerante en estas duras circunstancias.

“En cualquier lugar las diferencias no se arreglan de mala fe, no se arreglan los temas internos en forma pública. Noto mucha maldad, mediocridad y envidia, lo digo con sinceridad”, aseveró y lamentó a la vez que eso ocurra a pocos días del congreso ordinario en Lima, donde se elegirá a la nueva dirigencia nacional del denominado Partido del Pueblo.

Rodríguez admitió que el APRA necesita recuperar los espacios políticos perdidos desde los comicios municipales y regionales del 2006, donde perdió su hegemonía en la provincia de Trujillo y después en el Gobierno Regional.

Consideró que fue responsabilidad de Miranda que el Partido de la Estrella no haya presentado candidatos en varios pueblos de la sierra en los comicios municipales y regionales del 2018. “Esa no era mi responsabilidad. Eso es una crisis orgánica que tenemos que superar, pero en forma positiva y con el mejor ánimo”, afirmó. Dijo que apostará por la unidad del partido.

No solamente la dirigencia ha pedido su expulsión, también lo ha hecho el excongresista Daniel Robles López y militantes como Blasco Bazán (El Porvenir) y Neptalí Ramírez (Víctor Larco). Acusan a Rodríguez de usufructuar el cargo de secretario institucional, de ser topo de Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Por el Perú (PP), así como de tener vínculos con la familia Sánchez Paredes, investigada por narcotráfico y lavado de activos.


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