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Política

Desaire y sainete

El fujimorismo impone un debate indefinido del adelanto electoral.

EDITORIAL
EDITORIAL

Como estaba previsto, la Comisión de Constitución ha iniciado el proceso de demora del debate del proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, con la complicidad del fujimorismo y sus aliados y el escaso reclamo de los grupos que se supone respaldan el adelanto de los comicios para el año 2020.

Recién el 3 de setiembre, es decir, 33 días después de presentado el proyecto por el Ejecutivo, esta comisión dejará expedito el cronograma de este debate, un programa de actividades que se anuncia largo y con sainete, que será rellenado con la presencia de especialistas que desde diversos ángulos disertarán a favor de Fuerza Popular, con el propósito de consumir varias semanas y agotar los plazos electorales.

El pedido de algunos legisladores para que la Comisión de Constitución se declare en sesión permanente y se reúna incluso en la semana de representación no ha sido escuchado. Al contrario, anticipándose a los reclamos, Fuerza Popular ha hecho saber que esta vez ellos manejarán los plazos del debate.

No sorprende la posición del fujimorismo y sus aliados. Sí llama la atención la complacencia de las bancadas que respaldan el adelanto electoral, confirmando que han decidido pasar por el aro de la estrategia dilatoria y se aprestan a dar una batalla condescendiente. Quienes pensaban que la batalla sería dura deberían rebajar sus expectativas: la oposición consentida al interior de la comisión legitimará el retraso doloso de la discusión.

La confirmación de la estrategia de demora representa una respuesta formal de la mayoría parlamentaria en tono de desaire al pedido del presidente Vizcarra para que esta discusión se acelere. Está aparejada a las operaciones que llevan a cabo para desgastar al jefe del Estado, crear una sensación de desbarajuste y formar una amplia coalición contraria al adelanto electoral, integrada por grupos conservadores, magistrados corruptos, voceros de los procesados por corrupción y líderes empresariales nostálgicos de la mano dura. No debe ignorarse que la estrategia contra el adelanto electoral pasa por fomentar un clima de inestabilidad que conlleve a un arreglo para que todo siga igual.

La única salida parece ser el traslado del debate al pleno del Congreso, sin que se pase por la Comisión de Constitución, lo que ahorraría no solo tiempo sino el espectáculo grotesco de una discusión caótica y superflua. Esta decisión debe ser adoptada por la junta de portavoces: los grupos parlamentarios y sus voceros no deberían eludir su responsabilidad.