Nada que conciliar

Es una quimera política pensar que el gobierno puede llegar a puntos de acuerdo en materia de gobernabilidad con el keikismo. Entre el perfil centroderechista de Martín Vizcarra y el proyecto político construido por Keiko Fujimori no hay consonancia posible.

Si uno se guía no por el tenor de la campaña sino por el comportamiento realmente existente de Fuerza Popular desde el 28 de julio del 2016, debe concluir que el suyo es un proyecto claramente autoritario, mercantilista y ultraconservador.

Lejos de abandonar los parámetros autoritarios de los 90, Keiko Fujimori y su entorno decidieron ahondarlo. Desde el Congreso ha tratado de controlar, como lo revelan los audios de Los Cuellos Blancos, tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. Habrá que imaginarse qué hubiese sucedido si Keiko se hacía no solo del Legislativo sino también del Ejecutivo.

El filo mercantilista de Fuerza Popular no requiere de mayor constatación. La conducta legislativa de los parlamentarios naranjas pone en evidencia que lo suyo está bastante alejado de la propuesta de libre mercado con que se le identifica al fujimorismo auroral.

Y de un modo inexplicable, el keikismo ha decidido abandonar el centro histórico del fujimorismo en materia de políticas sociales (igualdad de género, políticas de control poblacional, etc.) y se ha aupado al canto de sirenas de los sectores más recalcitrantes del conservadurismo peruano.

¿Qué puede tener en común la propuesta de Vizcarra con este menjunje keikista? Nada. No es solo despecho lo que alimenta la beligerancia naranja. Es, sobre todo, discrepancia de fondo, la que naturalmente existe entre el centro y la ultraderecha. ¿En serio algunos analistas políticos creen factible que el keikismo arríe sus banderas y apoye la sostenibilidad del gobierno? ¿De verdad piensa Mercedes Aráoz que si se produce la caída de Vizcarra, le espera un lecho de rosas?

¿No se allanó Kuczynski a la voluntad prepotente de Keiko Fujimori y terminó expectorado? ¿No lo intentó hacer al comienzo de su gestión Vizcarra y también desembocó en una situación insostenible? Ese no es el camino. El único diálogo que cabe ahora es el que debe tratar de conducir al Congreso a la razón y a su allanamiento al adelanto electoral.

La elección de Pedro Olaechea como presidente del Congreso ha sido una declaratoria de guerra. A partir del reordenamiento de Fuerza Popular la oposición se alistaba para convertir los dos últimos años del mandato de Vizcarra en un infierno. Es que para el keikismo el único consenso posible pasa por la rendición del gobierno (muchos de los pregoneros de este diálogo imposible en el fondo parecen anhelarlo). Evidentemente, la salida a la crisis política que vivimos no puede transitar por ese sendero.

Vizcarra debió disolver este Congreso, un poder legal, pero ilegítimo, sin representación ciudadana y claramente empeñado en torpedear la mínima viabilidad democrática. No lo ha querido hacer y debe asumir las consecuencias de su medianía. Pero como plan B, acortar un mandato signado por la propia mediocridad y además jaqueado por una oposición bruta y achorada, se asoma también como una opción aconsejable.

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