Y, ¿Ahora qué?

Instituciones políticas peruanas hoy:

1) Congreso con uno de los niveles de rechazo más altos: 72%;

2) Popularidad declinante del ejecutivo (44%);

3) Polarización creciente ejecutivo-legislativo con una mayoría congresal que traba el proceso de toma de decisiones, amenaza la estabilidad democrática y, con todo ello, amenaza la inversión privada o pública.

Por eso, no es extraño que a un sector mayoritario de la población le haya caído muy bien el anuncio presidencial del “que se vayan todos” adelantando las elecciones generales. Y digo “proponer” –y no “anunciar”– porque, como se sabe, se requiere un previo cambio constitucional. ¿Técnica y temporalmente posible?

En teoría, sí. En el contexto de la crisis política del 2000, y días antes de la fuga de Fujimori al Japón, se dictó la ley 27365 de reforma constitucional con la que se modificó el calendario electoral de manera que se pudieran adelantar las elecciones del 2005 para el 2001. La mayoría fujimorista controlaba el Congreso. En esa época, cierto, nada impedía que congresistas en funciones candidatearan para las elecciones inmediatas.

Con lo audaz y sugerente que pueda ser la propuesta presidencial/gubernamental, –al sintonizar con el sentimiento ciudadano del “que se vayan todos”– un análisis objetivo permite avizorar algunos problemas.

Primero, con un Congreso en el que la facción fujimorista ha recompuesto en parte su hegemonía, es obvio que no comulgarán con la idea de irse a casa un año antes de lo previsto y ceder ese espacio de poder que difícilmente recuperarían en una elección próxima. No es difícil imaginar que no solo fujimoristas se resistirán; también otros, a sabiendas de que con las nuevas reglas no podrían postular a la siguiente elección.

Segundo, que dentro de un cuadro ya complejo en la polarización ejecutivo/legislativo, es obvio que la propuesta presidencial le echa algo más de leña a la hoguera y complica más el panorama. Cabe preguntarse, pues, sobre cuáles podrían ser las razones para que una mayoría congresal desafecta al gobierno de Vizcarra habría de decidir irse antes de lo previsto en el calendario constitucional vigente. La única forma que tendría el ejecutivo de alterar esta balanza es impulsando una activa movilización de masas, lo que suena improbable.

En un sistema democrático pueden producirse entrampamientos y parálisis institucionales. España, por ejemplo, está sin gobierno plenamente en funciones por falta de mayoría suficiente para la designación del nuevo jefe de gobierno. Siendo ello problemático y serio, nadie asume que el país está al borde del precipicio. Y el Perú tampoco tendría por qué estarlo.

La clave, entonces, parece estar en la capacidad/incapacidad de los liderazgos políticos, y en particular del ejecutivo de jugar varias cartas a la vez. Construir, así, una actuación política que pueda operar dentro del cuadro de polarización y que no se reduzca a iniciativas como esta. Ejerciendo, así, su obligación política de conducir una agenda política sustantiva con liderazgo del ejecutivo en materias como la inseguridad económica o el preocupante aletargamiento del crecimiento económico.