La señora K en la sala

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará hoy el pedido de casación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y de varios de sus coinvestigados, luego de que dos instancias anteriores rechazaran que afronte el proceso en libertad. Ella es investigada por el delito de lavado de activos por la recepción de dinero ilícito para sus campañas electorales de los años 2011 y 2016.

El 31 de octubre del 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho la sentenció a 36 meses de prisión preventiva especialmente por las evidencias de actos de obstrucción que Fujimori realizó para impedir los avances de la investigación, para desacreditar a los fiscales a cargo del caso, coludiéndose con varios altos magistrados del mismo Poder Judicial y de la fiscalía. En ese contexto se supo que Keiko Fujimori era llamada la señora K dentro del grupo denominado ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La casación ha tenido un trámite accidentado. El presidente de la Sala debió inhibirse al conocerse unos audios en los que se evidenciaba una relación muy estrecha con el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos. Otro vocal de la sala, relacionado en oscuras conversaciones con el exvocal César Hinostroza, valedor de Fujimori en el Poder Judicial, también se inhibió luego de conocerse un audio que revelaba esos tratos, pero el tribunal en cuestión no aceptó su retiro. Finalmente, otra vocal de la misma Sala tiene como asesor a un funcionario que fue la mano derecha de Hinostroza cuando pertenecía a la Corte Suprema.

Por todo lo señalado, el primer riesgo de la casación es que la Sala no actúe con independencia e idoneidad al analizar la situación de la detenida y sus coinvestigados, un riesgo que se ve favorecido con el hecho de que este tribunal tiene ahora mismo una constitución precaria. En un extremo resonante, que el pedido de Fujimori recibió la ayuda del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien contra el argumento central de la fiscalía opinó a favor de la libertad de Fujimori por haberse, dijo, vulnerado sus derechos fundamentales. Este magistrado no debió estar en el proceso porque es investigado como parte del grupo ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

La decisión de la Sala debe basarse en el derecho y la jurisprudencia, considerando que el riesgo de obstrucción no ha desaparecido. Al contrario, la bancada de Keiko Fujimori sigue mostrando una voluntad de impunidad en el caso Lava Jato y en los casos de magistrados comprometidos con la corrupción.