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Política

Gobernador no firmará adenda para reiniciar Chavimochic

Motivo. Supervisora exige indemnización de US$ 3 a 4 millones por trabajos de la III etapa que dejará de ejecutar. Además, revelación de pagos oscuros frenó decisión final de Llempén.

Por ahora todo continuará paralizado. En agosto reinician negociaciones.
Por ahora todo continuará paralizado. En agosto reinician negociaciones.

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, decidió, por ahora, no firmar la adenda con la concesionaria Odebrecht para reanudar la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), que está paralizada desde noviembre del 2016 a raíz del escándalo de corrupción por pago de sobornos que involucra a esa empresa brasilera.

La autoridad adoptó esa sorpresiva determinación debido a que la empresa supervisora Cesel reclama el pago de una indemnización valorizada entre US$ 3 y 4 millones por el resto de los trabajos que quedan ejecutar de la III etapa.

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Como se recuerda, la adenda era solo para que Odebrecht culmine la construcción de la presa Palo Redodo, en el valle Chao, que registra un avance del 70 por ciento, y de ahí se retire de la concesión. Las obras posteriores son la construcción del canal madre hasta el valle Chicama y estarían a cargo de otra empresa.

“Han surgido nudos por algunas exigencias económicas que no hemos logrado resolver. Eso realmente nosotros no lo habíamos considerado en el tramo final (de la negociación de la adenda)”, acotó.

Llempén recordó que su propuesta era que Odebrecht termine la presa y resuelva el contrato, y ya no harían el canal ni tampoco se encargaría de los veinte años de concesión contemplado en el contrato original de concesión.

“Estamos analizando la parte legal, si nosotros podemos, con la supervisora, hacer una resolución unilateral del contrato suscrito. Cuando hay exigencias económicas de este tipo para mí es muy difícil tomar decisiones, porque el proyecto no contempla estos gastos”, puntualizó y adelantó que la segunda semana de agosto se reiniciarán las negociaciones, que obligatoriamente tendrán que tener el aval de la Contraloría y del Ministerio de Economía.

Sí influyó

El gobernador reconoció que las revelaciones periodísticas de Convoca.pe y de IDL Reporteros sobre “pagos oscuros” por US$ 500,000 para la concesión de la III etapa influyeron en su decisión final. “Eso provocó un gran tropezón en este camino que veníamos desarrollando. Han salido voces exigiendo que no se firme la adenda. Nosotros lo tenemos muy claro: la concesionaria ha cometido delitos de corrupción. Los antiguos funcionarios de Odebrecht están presos”. La adenda contempla una cláusula anticorrupción.

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