Proceso limpio
El inicio del proceso de extradición de Alejandro Toledo.
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El expresidente Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por el servicio de alguaciles en el marco del proceso de extradición que se le sigue en el Perú por el cobro de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. De esa manera concluye por ahora su desacato a la justicia peruana que el 8 de febrero del 2017 lo sentenció a 18 meses de prisión preventiva.
La justicia de EEUU ha respondido de ese modo a las gestiones de extradición de Toledo del Estado peruano. El expresidente compareció inicialmente ante un juez, y permanece recluido en un centro de detención a la espera de la audiencia de fianza que dilucidará si sigue el proceso en prisión o libertad.
El pedido peruano ha sido largo. De hecho, la extradición se ha iniciado formalmente después de que el Departamento de Estado de EEUU y el Departamento de Justicia dictaminaran a favor de su entrega al Perú. El caso ha pasado a la fiscalía, la misma que ha demandado un proceso que concluirá cuando el Secretario de Estado de EEUU adopte una decisión, dentro de unos meses, donde Toledo podrá hacer uso de su derecho de defensa, en un juicio con plenas garantías.
El caso del expresidente es uno de los más claros desde el punto de vista de las evidencias incriminatorias. Las declaraciones del colaborador eficaz Josef Maiman, que el fiscal José Domingo Pérez acaba de entregar al Poder Judicial, son prolijas en información respecto a los casos denominados Carretera Interoceánica Sur tramos II y III, Camargo Correa y Ecoteva. De entrada, el empresario peruano que reside en Israel ha reconocido que el dinero que entregó la Caja 2 de Odebrecht en sus cuentas bancarias eran pagos para Toledo.
La defensa del expresidente ha alegado una persecución política inexistente. Es el mismo argumento que exhiben o exhibieron los otros expresidentes investigados, y los dirigentes políticos objeto de la acción de la justicia. Lo cierto es que los procesos a la megacorrupción política peruana son llevados con un destacado nivel de idoneidad y diligencia.
Se espera que EEUU conceda la extradición de Toledo, a tono con otras decisiones adoptadas recientemente sobre el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli y del exministro colombiano Andrés Felipe Arias, durante el gobierno de Álvaro Uribe, condenado a 17 años de prisión. Si lo hace, EEUU habrá realizado un claro servicio a la lucha contra la corrupción en América Latina, actuando de modo distinto a Japón, que en su momento negó la extradición de Alberto Fujimori.
