Persecución política

La frase que da título a esta columna parece ser un mantra común empleado por las defensas de todos los políticos involucrados en el caso Lava Jato. Un comodín que vociferan, como en un coro, los seguidores y abogados de ex presidentes y/o candidatos sobre los cuales pesan serios indicios de corrupción. De todas las que he encontrado en internet, me quedo con la definición que, de esta figura, tan manoseada últimamente en nuestro país, han dado muchos perseguidos por una dictadura de verdad, la castrista: “La persecución política está constituida por un conjunto de acciones represivas o maltratos persistentes, realizadas por un gobierno sobre un individuo o grupo del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características políticas o de otro tipo y que es consecuencia directa de la discriminación que sufre cualquier persona que tiene el valor de disentir del poder político establecido por la fuerza bruta, la trampa o por ambos”. Nadie niega que el concepto y la aplicación de la prisión preventiva está en debate, puesto que se trata de una conculcación de derechos fundamentales en virtud de un supuesto bien mayor, que no es otro que la justicia. Sin embargo, de allí a prostituir un término tan delicado, hay un trecho largo. Tan largo como la distancia entre un gobierno impreciso y sin rumbo como el de Vizcarra y una dictadura como la de Maduro. Los sistemas de justicia de Uruguay, de Estados Unidos y de España ya han enmendado la plana a esta coartada.