¿Y el CAL pa’ cuando?

Sigrid Bazán
22 05 2019 | 00:18h

El CAL decidió suspender la colegiatura de Chávarry recién en enero y el Congreso se quedó de brazos cruzados...hasta esta semana.

En noviembre del año pasado escribí con respecto al importante papel que pudo haber jugado el Colegio de Abogados de Lima (CAL) en la destitución de Chávarry como Fiscal de la Nación. Las infracciones al Código de ética eran más que evidentes y el mismo Chávarry ha seguido reconociendo que lo suyo son “faltas éticas, mas no delitos”. Una verdadera vergüenza para el país y para su profesión. Pese a toda la evidencia, el CAL decidió suspender la colegiatura de Chávarry recién en enero y el Congreso se quedó de brazos cruzados...hasta esta semana.

Si bien no esperábamos mucho de nuestros legisladores y de su método de trabajo (lento y bajo presión, cuando y si es que deciden trabajar), lo del CAL representa duro golpe a la imagen de esta institución. La demora era evidente para el caso particular del señor Chávarry mientras que las colegiaturas de varios de los “hermanitos” ya habían sido suspendidas. 

Más reciente fue el informe del congresista Sheput que recomendaba acusar al ex Fiscal de la Nación por el delito de organización criminal y por fin ahora, después de mucho, se plantea destituirlo e inhabilitarlo por diez años. ¿Es que el CAL no pudo ver esto antes? De acuerdo al Código de Ética se podría haber separado o hasta expulsado al señor de esta institución. De hecho, hay un proceso que sigue en trámite...cuando hasta el propio Congreso de la República ya emitió la recomendación desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En fin, ha trascendido que todavía la Comisión Permanente evaluaría este pedido el viernes para que pase al pleno y se decida de una vez por todas la situación de Pedro Chávarry y también la del fiscal Tomás Gálvez.

La reflexión final ha de partir del viejo y conocido refrán: “justicia que tarda, no es justicia”. Los casos mecidos en el Congreso son muchos pues se vienen rigiendo por una dinámica que el profesor e investigador Jorge Aragón explica bien: “Cuando el cuestionado está vinculado a la mayoría, los casos han sido mucho más largos y cuando no había este vínculo, han sido más rápidos...es razonable la recomendación de repensar la inmunidad”. 

A ello –y tomando en cuenta el contexto– varios añadiríamos que no sólo urge discutir la inmunidad parlamentaria, también las figuras de antejuicio, acusaciones constitucionales, entre otras. A veces hay más trabas que soluciones en estos procesos que pueden terminar perpetuando la impunidad entre congresistas, jueces y fiscales.