AQP: el fracaso de la masificación del gas

Humberto Campodónico
1 May. 2019 | 05:28h

"El gobierno ha decidido postergar hasta el 2021 la nueva licitación del gasoducto sur peruano, que proveería a toda la Sierra Central y Sur, además de Arequipa, Moquegua y Tacna". 
 

Quince años después de la llegada del gas de Camisea a Lima, muy poco se ha avanzado en la masificación debido a que el gobierno no aplica un esquema integral y, además, prioriza el predominio total de la inversión privada. Veamos. 

La “masificación” en Arequipa, Moquegua y Tacna es el ejemplo más claro. Un estudio reciente de la consultora GasEnergy –realizado para la concesionaria Naturgy, Fenosa de España– dice que la tarifa de gas natural domiciliario en Arequipa es de US$ 19.9 por millón de BTU (MMBTU), mientras en Lima es US$ 10.8 MMBTU, casi el doble. 

Si comparamos esa tarifa con un balón de GLP (el combustible sustituto), dice GasEnergy que el gas natural es sólo 8% más barato. ¿Qué? Eso no sucede en Lima, donde el gas domiciliario es 49% más barato que el GLP. Cuando se compara la tarifa del gas al sector comercio en Arequipa la cosa empeora, pues resulta 15% más caro (ojo) que el GLP a granel. 

Hay varias razones.

Primera: el gas en Lima tiene un precio más bajo porque su costo de transporte es menor ya que viene por gasoducto, en grandes cantidades. El gas en Arequipa es más caro pues es transportado en pequeños camiones cisterna: no hay gasoducto.

Segunda: es un gas licuefactado en la planta de Perú LNG (en Cañete), lo que implica un costo adicional, al que se suma el costo de regasificación en Arequipa.

Tercera, la concesión otorgada en el 2013 por Proinversión a Naturgy en el Sur –y en 8 ciudades del norte a la colombiana Quavii– les otorga la exclusividad de la distribución. Pero eso no se cumple: “del 2013 al 2017, fecha en que empezó la distribución, las industrias del norte y del sur (1) fueron capturadas por Comercializadoras de Gas Natural Comprimido (C-GNC), cuyos precios no están regulados. Por tanto, los concesionarios, regulados, se han quedado sin mercado” (Día 1, 29/04/2019). 

Y, claro, hay pleito. Las C-GNC no quieren salir aduciendo “derecho de primera llegada” y “libertad de mercado”, mientras que las concesionarias, que han invertido ya US$ 50 a 80 millones, exigen el cumplimiento de sus derechos contractuales. 

Cuarta, en Lima un fondo estatal financia la conexión del gas hasta la cocina y la terma, cerca de US$ 600 por casa. En el 2019 este FISE se aplicará a 150,000 viviendas por más de S/. 200 millones. Pero en las concesiones del Norte y del Sur, el FISE no aplica.

La falla fundamental de este esquema de APP es que concibe la masificación como un “negocio” de privados: por definición tiene que ser “rentable”. Eso no funciona. En Argentina, Colombia y Bolivia la masificación domiciliaria tiene un criterio de rentabilidad social, no económica (esto no aplica para el gas industrial, comercial ni para las centrales térmicas). No solo eso. Hay una autoridad central que orienta y dirige la masificación, construyendo los gasoductos y las redes de distribución, a veces en asociación con el sector privado.

Aquí es al revés, porque no podemos decidir el destino del gas ya que los dueños son los licenciatarios. Y dentro de poco viene la licitación en las 7 Regiones del Centro (de Ayacucho a Puno) que tendrá problemas similares. Lo peor: el gobierno ha decidido postergar hasta el 2021 la nueva licitación del gasoducto sur peruano, que proveería a toda la Sierra Central y Sur, además de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

La postergación de los anhelos de los pueblos del sur y del norte ya se está tornando en descontento. Hay que sacarse las anteojeras ideológicas y cambiar de rumbo. Igual, feliz 1 de mayo para todos los trabajadores.


(1) Esas industrias incluyen a Siderperú, azucareras y otras.