Trayectoria de colisión

No reelección parlamentaria y referéndum son demandas a las cuales el fujimorismo no se va a atrever a enfrentarse. Su camino va a ser otro: intentar bloquearlas en el Parlamento.

No reelección parlamentaria y referéndum son demandas a las cuales el fujimorismo no se va a atrever a enfrentarse. Su camino va a ser otro: intentar bloquearlas en el Parlamento.

El discurso del presidente Martín Vizcarra a la Nación, con motivo del 197° Aniversario de la Independencia, ha cambiado radicalmente el escenario político. Aparentemente en el Ejecutivo se llegó a la conclusión de que la forma como se venía desenvolviendo la situación iba a convertir a Vizcarra en un presidente tipo PPK-2: un rehén del fujimorismo ensoberbecido, al que este le permitiría sobrevivir penosamente, en tanto fuera funcional al objetivo de asegurar la llegada de Keiko Fujimori al poder el año 2021, o antes. 

La respuesta de Vizcarra ha sido apelar a la indignación popular ante la corrupción que atraviesa el poder judicial. Vizcarra ha abierto fuegos con una amplia propuesta de reforma del sistema nacional de justicia, pero a ella le ha añadido una propuesta de reforma política que lo ha puesto en trayectoria de colisión con el fujimorismo: la no reelección de los parlamentarios.

El momento ha sido muy bien elegido. Según la última encuesta de GfK, Luis Galarreta ha abandonado la presidencia de la mesa directiva del Congreso con 8% de respaldo y la recurrente aparición, en los audios que se están dando a la difusión, de fujimoristas y apristas entre los “hermanitos” de los jueces corruptos los viene desgastando profundamente. No debe sorprender, por eso, su plañidera demanda de que se hagan públicos todos los audios de una buena vez, para terminar con su zozobra e incertidumbre. 

A esto se ha añadido su aislamiento en la elección de la mesa directiva del Congreso, en que terminaron imponiendo una lista exclusivamente fujimorista, enfrentándose a una coalición en que se juntaron la totalidad de las fuerzas no fujimoristas. Keiko Fujimori, por otra parte, viene huyendo de la opinión pública, intentando convencer al país, a través de vídeos grabados, de que ella no es la “Señora K”. El 90% de los peruanos no le cree.

El desprestigio ha alcanzado a todo el Parlamento, que está con un respaldo de apenas 8%. Un razonamiento reiterado en las redes, sobre la no reelección parlamentaria es que la crisis política presente requiere medidas de excepción. Es un clamor ciudadano la necesidad de licenciar al actual elenco parlamentario. Por cierto, pagan justos por pecadores, pero no se ve otra manera de librarse de la banda delincuencial de narcotraficantes y traficantes varios, lavadores de dinero y corruptos de toda especie que se han apropiado del Congreso, coludidos con los jueces corruptos. 

La convocatoria a un referéndum apela a la movilización popular para respaldar las reformas propuestas por el Ejecutivo. No reelección parlamentaria y referéndum son demandas a las cuales el fujimorismo no se va a atrever a enfrentarse abiertamente. Por lo que hasta aquí vienen expresando sus voceros, su camino va a ser otro: intentar bloquearlas en el Parlamento, a través de maniobras como proponer incorporar en la consulta la pena de muerte, el matrimonio homosexual o las banderas antiabortistas de las iglesias fundamentalistas aliadas del fujimorismo. Legalmente la maniobra no tiene asidero, porque la Constitución es muy clara al respecto: “No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor” (Art. 32). Pero ya sabemos cuánto le importa la legalidad al fujimorismo…

De por sí la no reelección de los parlamentarios no va a mejorar las cosas si no hay cambios profundos en el ordenamiento político existente. Nada avanzaremos si, en una elección con las reglas actualmente vigentes, se incorpora al nuevo Parlamento el hermanito menor de Héctor Becerril. El motor último de la corrupción es el dinero, y sus fuentes principales son el narcotráfico y los sobornos de las grandes corporaciones. Es necesario combatir el narcotráfico y controlar a las grandes corporaciones, lo cual supone restituir al Estado el poder que la Constitución fujimorista le ha quitado. No hay pues posibilidad de cambios verdaderos si no se deroga la Constitución fujimorista de 1993: esta fue confeccionada para defender los intereses de los grandes empresarios y éstos, por supuesto, están decididos a que nada cambie. Vizcarra coincide en la defensa cerrada del modelo económico.

La corrupción estatal es funcional a la lógica empresarial neoliberal y está tan ampliamente institucionalizada que la empresa Odebrecht tenía toda una división para gestionarla: la Oficina de Operaciones Estructuradas. Mientras en Brasil la mayor parte de los condenados por la justicia son empresarios y ejecutivos, en el Perú los dos únicos empresarios que fueron puestos en prisión fueron prontamente liberados por el corrupto poder judicial que ahora se enjuicia. Hoy todos están libres e impunes. Una transformación de fondo deberá pasar por la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

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