Comisión Permanente pone en agenda proceso contra magistrados del TC

La Republica
Michael Machacuay

Grupo parlamentario puso como último punto la acusación contra cuatro miembros del TC que vieron el Caso El Frontón, pese a fallo de la Corte IDH que ordena archivar el proceso.

La Comisión Permanente del Congreso de la República agendó para la sesión de este miércoles el proceso de acusación constitucional que este poder del Estado sigue contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que vieron el fallo del Caso El Frontón.

Este punto figura como último punto en la agenda de trabajo del grupo parlamentario que sesiona durante el receso del pleno. Así, se tiene previsto analizar el informe que elevó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó las sanciones.

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La subcomisión aprobó en diciembre pasado que se destituya al juez constitucional Eloy Espinosa-Saldaña y se suspenda a los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos. Ellos fueron acusados de modificar una sentencia de El Frontón.

De acuerdo al informe, los miembros del TC en mención modificaron una sentencia del proceso judicial del 2013, imputando que se violó la “inmutabilidad de la cosa juzgada”. Los jueces alegan que solo precisaron un fallo respecto al voto de un magistrado.

Espinosa, Miranda, Ledesma y Ramos acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso abierto en el Congreso tras la denuncia constitucional que formularon exmarinos. En febrero pasado, el órgano supranacional les dio la razón y ordenó al Estado peruano archivar el proceso.

La primera semana de este mes la Corte IDH volvió a pronunciarse por este caso por un pedido que hizo el Perú. En ella se ratificó nuevamente la decisión, manifestando que sus decisiones son “inimpugnables”.

“(Las resoluciones) tienen incidencia en el proceso penal actualmente en trámite por los hechos sucedidos en el establecimiento penal ‘El Frontón’ en perjuicio de las víctimas (Norberto) Durand y (Gabriel) Ugarte, así como en la posibilidad de iniciar nuevos procesos contra otros eventuales responsables”, se lee en el documento.

Cabe precisar que si la Comisión Permanente aprueba el informe que recomienda sanciones contra los magistrados, este deberá aún ser discutido en el pleno del Parlamento para su ejecución.