El oro goleó a la cocaína

La explotación ilegal del oro por su magnitud y el daño ambiental y social que genera (trata de mujeres, violencia criminal, etc.) debiera merecer una política pública mucho más seria y la comunidad internacional –especialmente los países importadores– debiera colaborar activamente en ello.

La explotación ilegal del oro por su magnitud y el daño ambiental y social que genera (trata de mujeres, violencia criminal, etc.) debiera merecer una política pública mucho más seria y la comunidad internacional –especialmente los países importadores– debiera colaborar activamente en ello.

Grave error seguir repitiendo que es la cocaína o la pasta básica el principal producto ilegal de exportación desde el Perú. La exportación de oro –con sus US$ 8 mil millones anuales– es hoy un componente crucial en la canasta exportadora peruana. Pero parte no deleznable viene de su explotación ilegal en varios lugares del Perú, en especial Madre de Dios. Así, el principal producto de exportación de origen ilegal, con un monto que se estima en US$ 1,800 millones anuales, es ese oro de origen ilegal; más dinero de lo que significa la exportación ilegal de coca/cocaína.

Perú y Colombia son dos de los países más afectados por este problema. La entidad suiza Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional calcula que el 80% del oro que exporta Colombia tiene ese origen; en el Perú –quinto productor mundial de oro– implicaría al 28% de las exportaciones de oro. En los dos países –Madre de Dios en Perú o Chocó en Colombia– la destrucción ambiental es cada vez peor.

Porciones de esa producción de origen ilegal se exportan por fuera de los canales comerciales formales. Pero todo indica que el grueso se insertaría en refinerías y canales comerciales legales de exportación. Hay, por ejemplo, informaciones públicas sobre una compañía asentada en las Islas Vírgenes Británicas que agruparía a varias decenas de exportadoras vinculadas a la minería ilegal en Madre de Dios, Cusco y Puno. Nunca se supo si han sido materia de investigaciones y sanciones. Tampoco se conoce de un procedimiento de control confiable para determinar, con precisión, el origen de cada onza de oro que se procesa en refinerías peruanas legales y –algunas– prestigiadas.

La explotación ilegal del oro por su magnitud y el daño ambiental y social que genera (trata de mujeres, violencia criminal, etc.) debiera merecer una política pública mucho más seria y la comunidad internacional –especialmente los países importadores– debiera colaborar activamente en ello. A diferencia del tráfico ilegal de coca/cocaína, están perfectamente identificados los montos, mercados de destino y los nombres de los países importadores del oro peruano (Suiza, Canadá, EEUU, India y Gran Bretaña). Hay un problema, pues, que es compartido.

Todo esto es mucho más grave que la exportación de drogas ilegales por su magnitud y el desastre ambiental irreversible. Pero, a la vez, brinda –en teoría, al menos– elementos para que el Estado y la comunidad internacional enfrenten este problema con mucho mayor eficacia y contundencia que la de la fracasada “guerra contra las drogas”. Esto, esencialmente, porque se trata de una exportación legal y, en teoría, al menos, de una producción también lícita que se sabe de dónde viene.

Esto debería llevar a una acción concertada en al menos dos frentes fundamentales contra esta modalidad del crimen organizado.

En primer lugar, en mecanismos para el seguimiento y determinación del origen del oro en bruto que ingresa a refinerías privadas y de lo que cada exportador exporta. Aquí hay un nivel de negligencia o dejadez que, al acercarse a la complicidad, tendría que ser corregido. Cualquier profesional que recibe un ingreso profesional, por ínfimo que sea, es supervisado por la Sunat y está bien que así sea. Pero el ingreso de insumos a refinerías y la determinación precisa del origen de cada onza de lo exportado, también debería estarlo.

En segundo lugar, porque tratándose de un negocio ilegal hay responsabilidad compartida con los países de destino de la exportación del oro. Si no se cuenta con todos los elementos técnicos o herramientas de inteligencia adecuados para dar seguimiento a cada onza de oro que ingresa al sistema legal de exportaciones, hay que afinar y memorar los medios disponibles. Estoy seguro que países importadores de nuestro oro como Gran Bretaña o Suiza, que cuentan con políticas públicas serias y con sofisticados sistemas de inteligencia y justicia, podrían colaborar.

Perú y Colombia tiene en esto el mismo problema. Diseñar una suerte de “joint venture” para enfrentarlo con herramientas técnicas y de inteligencia comunes y eficaces es urgente. Es fundamental que se haga algo ya. Las declaraciones retóricas y sin impacto en la realidad sobran. ¿Podrá el gobierno ejercer en este tema algún liderazgo?

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