Después de Eyvi

No hay lugar para la improvisación, la demora y los perjuicios.

4 Jun 2018 | 6:30 h

La muerte de Eyvi Ágreda, semanas después de haber sido atacada brutalmente por un sujeto que le roció gasolina y la quemó en un vehículo de transporte público en venganza por no haber aceptado sus propuestas sentimentales –y luego de meses de acoso– nos ha llenado de estupor e ira. La joven es una nueva víctima del feminicidio y de los crímenes de odio que laceran nuestra sociedad y que nos interpela en busca de soluciones.

Es obvio que tenemos el derecho a la indignación como respuesta; no obstante, la violencia de género reclama alternativas eficaces que parecen no estar en la agenda de quienes toman las decisiones públicas y que creen que con un mensaje en las redes sociales o una declaración de indignación han cumplido con sus funciones. En algunos casos, como el del partido mayoritario en el Congreso, sus expresiones de dolor y furia no se condice con sus reiteradas votaciones para derogar normas so pretexto que incluían el enfoque de género o contra la supresión de beneficios penitenciarios para los violadores. Solo habría que recordar que, en mayo del año pasado, el fujimorismo derogó el decreto legislativo 1323 dictado para endurecer las penas para los casos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar.

Luego de la muerte de Eyvi, nuevamente se han emitido recetas desde distintos sectores; la mayoría de ellas reducen las soluciones al ámbito penal, planteando inclusive la pena de muerte y el corte de manos, insistiendo en una ruta ya usada la última década y que, sin embargo, no ha incidido en el delito. Es evidente que se precisa de legislación, y algunas de contenido penal, como en el caso del acoso, pero debe concluirse en los límites de las respuestas penales aislada de un tratamiento integral.

Otras respuestas burocráticas han sido ensayadas. El presidente Vizcarra ha anunciado la formación de una comisión de emergencia, ya creada por la Ley Nº 30364 del año 2015 y también anuncia la elaboración de una política pública, la misma que ya existe. Sí es correcto, en cambio, que insista en mejorar el sistema de registro de las denuncias porque, como lo han señalado los estudios, en ese punto se inicia la indiferencia del Estado frente a los hechos de violencia contra la mujer, que en el 65% de los casos se produce por parte de los esposos o compañeros de acuerdo a la reciente Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2017.

En esta grave circunstancia para las mujeres peruanas no hay tiempo para la improvisación y el populismo. Las medidas eficaces están sobre el tapete: educación y prevención, que empieza ahora con un horizonte de mediano plazo; los arreglos institucionales para el seguimiento eficaz de las denuncias y el acceso de la justicia; y el financiamiento de las leyes, políticas y programas, lo que ha sido anotado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Los órganos del Estado tienen la obligación de asumir el enfoque de género para erradicar el machismo, combatir la violencia contra la mujer, el feminicidio, la violencia sexual y los crímenes de odio. No hay lugar para la demora y los perjuicios.

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