Secretos financieros revelan movimiento de dinero “sucio” en la banca

Redaccionlr
23 Abr 2018 | 13:33 h

Dineroleaks. Documentos de inteligencia financiera filtrados a Ojo-Publico.com muestran que el Banco de Crédito del Perú, el BBVA Continental, entre otras entidades del sistema bancario, recibieron más de US$ 2.200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal. Los casos exponen la debilidad del sistema antilavado de dinero en las instituciones financieras.

Óscar Castilla C.

Ernesto Cabral

Jonathan Castro

Ojo-Publico.com

Documentos secretos filtrados a Ojo-Publico.com revelan que más de US$ 2.200 millones procedentes de presuntas actividades criminales ingresaron al sistema financiero del Perú a través de clientes sospechosos por sus nexos con los delitos que más dinero mueven en el país: el tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, la evasión tributaria y la corrupción.

El proyecto #Dineroleaks tiene como antecedente más cercano un informe financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en el 2016 hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca nacional. El reporte, apenas conocido en el sistema judicial, confirma que “Las entidades financieras han sido utilizadas, de una u otra manera, para la comisión de estos delitos [lavado de dinero]”.

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A partir de dicho informe, se accedió a documentos secretos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con los que se determinó que US$ 2.200 millones de presunta procedencia ilegal ingresaron al circuito financiero. Luego se creó un primer registro de clientes bancarios con operaciones sospechosas.

En esta lista destacan operadores y compañías que llegaron a ser incorporadas por el Departamento de Justicia y del Tesoro de EEUU en sus denuncias ante los tribunales de dicho país o en la conocida Foreign Narcotics Kingpin Designation Act por conspiración para el lavado de la minería ilegal de oro o tráfico de drogas, respectivamente.

Luego del análisis de más de 400 clientes y de sus transacciones señaladas como sospechosas, la investigación se concentró en los dos mayores bancos del país: el Banco de Crédito del Perú (BCP), la segunda compañía nacional más importante del país; y el BBVA Continental (BBVA). Además, se detectaron casos específicos sobre Interbank y el Scotiabank.

En las últimas décadas, el gobierno de EEUU y diversas entidades reguladoras en Europa han interpuesto cargos penales o millonarias sanciones a bancos por asociarse con grupos criminales para lavar dinero o por violar prácticas antilavado.

En Perú, el Estado –a través de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)– tiene un paquete de normas para castigar irregularidades en temas de prevención de blanqueo de dinero. Dicha legislación, aunque benévola, ya que la sanción más elevada asciende a 100 UIT (S/ 415 mil o US$ 130 mil), demanda una conducta intachable de los empleados bancarios, diligencia en la identificación de conductas ilícitas y la obligación de conocer las actividades financieras de sus clientes, como por ejemplo si tiene vínculos o no con una organización criminal.

Sin embargo, los casos que publicamos permiten una mirada inédita sobre el tipo de cliente que acepta el sistema financiero, sobre todo el BCP y el BBVA, las operaciones ilícitas que aquellos realizan, así como las deficiencias antilavado del sistema, entre ellas, no conocer el alto perfil de riesgo de sus clientes, no detectar la penetración de dinero sucio y las acusaciones de nexos de algunos de sus funcionarios con grupos delictivos.

Clientes sospechosos

En la lista de clientes bancarios registrados por operaciones inusuales dentro del BCP y del BBVA figuran personajes prominentes del narcotráfico local e internacional en Latinoamérica; así como sus presuntos operadores del lavado de dinero sucio en compañías inmobiliarias, de transporte aéreo, importadoras y casas de cambio en Lima.

Una de las compañías de fachada que blanqueó el dinero del narcotraficante más poderoso del Perú, Fernando Zevallos ‘Lunarejo’, fue cliente del BCP, del BBVA y del Banco Wiese (Scotiabank desde el 2006). La empresa, llamada Sistema de Distribución Mundial, que tenía como accionista principal a la fenecida Aerocontinente, realizó movimientos de dinero sospechoso en los tres bancos citados por US$ 27 millones entre los años 2000 y 2004.

Otras compañías que fueron consideradas por EEUU y Colombia como fachada de los negocios del desaparecido cartel de Cali de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, también aparecen vinculadas al sistema financiero peruano: Colfarma Perú, con operaciones en el sistema financiero, y Distribuidora Continental 6, como cliente del BCP. El 2003, el Departamento del Tesoro de los EEUU incluyó a la primera en la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act e incorporó en posteriores ampliaciones a los dueños de la segunda.

En esta lista de clientes bancarios también aparecen cinco compañías de Luis Valdez Villacorta, con referencias por narcotráfico desde los 80. Todas clientes del BCP. Este personaje –vinculado a la incautación de media tonelada de cocaína con destino a Guatemala el 2003 y a la confiscación de 176 kilos de droga a Holanda el 2008– administró millonarias sumas de dinero en el BCP a través de Industrial Ucayali, Triplay Enchapes, Cervecería Amazónica, Técnica de Ensamblaje y Universal Import.

Entre los clientes también aparece la red de casas de cambio vinculada al chileno Mauricio Mazza-Alaluf (inculpado por el Departamento de Justicia de EEUU), quien fue acusado de blanquear el dinero sucio de las FARC y de otros grupos criminales de Colombia. La organización, integrada por más de 150 personas en el Perú, ingresó US$ 369 millones a través del BCP, del BBVA y otras entidades.

La organización de Pedro Pérez Miranda ‘Peter Ferrari’, acusada este año por el Departamento de Justicia de EEUU por conspiración para el lavado del comercio de oro ilegal, también fue uno de los clientes del BCP y del BBVA. La red de ‘Peter Ferrari’, con antecedentes por narcotráfico y contrabando de mineral desde los 90, manejó a través de ambos bancos US$ 503 millones procedentes de la venta de mineral sospechoso.

A la lista de clientes del BCP se suma uno de los sindicados como integrante de ‘Los Rambos’, clan del narcotráfico del Alto Huallaga, vinculado a la facción de Sendero Luminoso en dicho valle cocalero y proveedor de un cártel mexicano: Claver Acosta y Rodríguez ‘El Chino’, quien fue detenido por la Policía Antidrogas con 163 kilos de cocaína en el 2007.

El BCP, además, administró cuatro cuentas bancarias con operaciones por más de US$ 110 mil de Numa Pompilio Soto Sánchez, un poderoso y confeso narcotraficante peruano, quien purgó casi tres años de prisión en Colombia y fue proveedor de mafias mexicanas desde los 80. En marzo del 2008, la Policía Antidrogas incautó dos toneladas de cocaína de la organización de Soto Sánchez camuflada en un cargamento de colchones ‘Paraíso’.

Una compañía investigada por lavado de dinero de la organización de Alfonso Reyna Sánchez, condenado a 17 años de prisión por narcotráfico, y Óscar Rodríguez Hurtado, sindicado por dicho delito, también fue cliente del BCP. Se trata de Ami Oil, empresa que recibió hasta US$ 7 millones del exterior.

El sistema financiero tiene como supervisor en prevención del lavado a SBS. A solicitud de Ojo-Publico.com, dicha entidad informó que el sistema financiero solo ha recibido 16 sanciones desde el año 2002, cuatro de ellas impuestas al BCP por deficiencias en la prevención de lavado de activos, y una amonestación al BBVA.

Sin embargo, el análisis de los documentos permitió identificar casos en los que entidades como el BCP y el BBVA incumplieron una de las medidas antilavado de dinero más importantes de la SBS: cumplir con el reglamento sobre plazos máximos de alerta a la UIF, en su calidad de sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas.

En los últimos 20 años, las gerencias o divisiones de cumplimiento de prevención del lavado de dinero del sistema financiero tenían la obligación legal de reportar transacciones sospechosas a la UIF en un plazo no mayor de 30 días desde la fecha de su detección (desde el 2017 deben hacerlo en 24 horas).

En ese sentido, y de acuerdo a los casos y plazos analizados, se estableció que las entidades de dicho sistema demoraron más de cuatro meses en promedio en alertar a la UIF de cientos de operaciones irregulares por presunto crimen organizado y evasión fiscal. En algunos casos se llegó a establecer un retraso de hasta cinco años, y solo después de la advertencia de un medio de comunicación.

Crimen en la banca 

Los documentos, además, ponen a prueba las normas antiblanqueo de dinero que obligan al sistema financiero a mantener un alto nivel de integridad en su personal. Se detectó cuatro casos en los que empleados del BCP y BBVA fueron sindicados como integrantes de organizaciones criminales.

En uno de los casos más saltantes, la UIF identificó a un empleado del BCP en su sucursal de Chimbote (Áncash), como “asesor financiero” de una mafia que inyectó cantidades millonarias de dinero al sistema, a través de transferencias irregulares procedentes de Colombia y en complicidad con decenas de testaferros sin ningún historial financiero o crediticio.

El BBVA y el BCP dijeron que mantienen altos estándares de calidad en sus sistemas de prevención de lavado de dinero, además de un cumplimiento óptimo de colaboración con las autoridades. Las preguntas sobre algunos de sus clientes cuestionados no fueron respondidas bajo el argumento de que aquellos están protegidos por el secreto bancario. 

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