Infección masiva

El financiamiento electoral ilegal de seis de los políticos más importantes del Perú.

1 Mar 2018 | 6:05 h

En la política peruana ya no se pregunta quiénes recibieron contribuciones electorales ilegales de las empresas brasileñas, sino quiénes no lo hicieron. Las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, confirman que por lo menos dos campañas electorales (2006 y 2011) y la revocatoria municipal de Lima fueron financiadas con dinero de esta empresa, suministros que no fueron informados a las autoridades electorales.

Sumando lo declarado por Barata en Sao Paulo (Brasil) en los interrogatorios de los fiscales peruanos, se tiene que los partidos y políticos peruanos recibieron más de US$ 8 millones distribuidos del modo siguiente: US$ 1 millón 200 mil a Keiko (de los cuales 200 mil fueron entregados al entonces presidente de la Confiep; US$ 300 mil a PPK; US$ 200 mil a Alan García; US$ 600 mil a Alejandro Toledo; US$ 3 millones a Susana Villarán y US$ 3 millones a Ollanta Humala.

Barata ha confirmado con detalle lo señalado por Marcelo Odebrecht, otrora máximo ejecutivo de esta empresa en su declaración del 9 de noviembre del 2017 desde Curitiba (Brasil), y ha ratificado lo actuado por la fiscalía peruana en relación a este caso.

Salvo en el caso de Humala, con quien una parte de la entrega fue directa, los otros envíos y remesas fueron entregadas a otras personas que, sin embargo, tenían una relación privilegiada con sus líderes y ocupaban puestos de poder en su entorno.

La defensa inicial de los mencionados por Barata ha sido que, personalmente, ellos no recibieron el dinero, una coartada tan manoseada como inconsistente en la jurisprudencia de la lucha contra la corrupción y las contribuciones ilegales en el mundo.

En el caso del fujimorismo, Jaime Yoshiyama fue el secretario general del partido liderado por Keiko Fujimori, su candidato a la vicepresidencia, jefe de campaña, vocero, consejero y asesor en su acercamiento a grupos empresariales. Según detalló este diario el año 2011, él y Keiko organizaron un sorteo distractivo y fraudulento para lavar el financiamiento ilegal de la campaña.

Se puede decir lo mismo de la cercanía de Avi Dan On con Toledo, y de Luis Alva Castro, ex vicepresidente, ex premier y ex ministro de Alan García, ex candidato presidencial del Apra, ex secretario general y varios años miembros de la dirección política de ese partido. Es también el caso de la inocultable cercanía de Susana de la Puente con PPK. Ella fue promotora de sus campañas, financista, asesora, activista, dirigente informal de su partido y partícipe en la confección de las listas parlamentarias los años 2011 y 2016. En todos los casos, es bochornoso el argumento de que los líderes no sabían nada.

Es cierto que lo declarado por Barata debe pasar por el trámite procesal de la comprobación documentaria propia de la colaboración eficaz. Se espera que en ese lapso de tiempo los políticos y su defensa legal y partidaria –que en otros casos creyeron y alabaron las revelaciones que atañen a otras personas– se comporten a la altura de las circunstancias, se sometan a las investigaciones y no se vayan del país.

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