La ley de la esclavitud juvenil sigue amenazando

Tregua. Los congresistas retiraron sus firmas de la exoneración de la segunda votación y la impulsora de la norma, Rosa Bartra, anunció una “pausa”. Una ex coordinadora del plan de gobierno de Fuerza Popular, también vinculada con los institutos, aparece como una entusiasta defensora de la iniciativa. Hoy los jóvenes salen a protestar.

23 Feb 2018 | 6:15 h

Hay intereses detrás de la ley sobre prácticas laborales sin pago para los jóvenes de los institutos tecnológicos.

Luego de todas las críticas, su promotora, la congresista Rosa Bartra (Fuerza Popular), anunció “una pausa” a la norma para que se debata. Al mismo tiempo, representantes de bancadas retiraron sus firmas de la exoneración de la segunda votación.

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Pero existen personajes en esta historia sobre los que vale la pena prender reflectores.

Ayer, la periodista Rosa María Palacios, en su programa en La República TV, explicó que quien “está detrás” de la cuestionada norma es María Isabel León. Ella ha sido coordinadora en temas de educación del plan de gobierno de Fuerza Popular en las últimas elecciones de 2016. Asistía a los foros para explicar las propuestas del partido que lidera Keiko Fujimori.

Y muy importante: es la presidenta de la Asociación de Institutos y Escuelas Superiores del Perú (AsistePerú), una organización que, como se puede ver en su página web, agrupa a varios institutos.

En su cuenta de Twitter, León ha defendido, con gran entusiasmo, la ley Bartra. Ha dicho, por ejemplo, que los alumnos no irían a “trabajar gratis” sino “a aprender”.

Un periodista de este diario le consultó el miércoles si había tenido participación directa en la elaboración de la norma. No aclaró el tema.

En noviembre, fue designada como miembro del Consejo Nacional de Educación.

La norma contempla que los alumnos, como parte de su formación, se van a capacitar por 448 horas repartidas en tres años, sin recibir remuneración alguna.

En la currícula, esas actividades formativas equivalen a 14 créditos, que son pagados a los institutos. Una idea muy provechosa (para los institutos, claro).

Limbo y rechazo

Ahora bien, el aparente retroceso en las intenciones de aprobar la ley no significa que esta se haya enterrado.

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, quien también pidió el retiro de su firma, explicó que en adelante podrían presentarse diferentes escenarios. Uno es que en la próxima sesión de la Comisión Permanente del miércoles, dado el retiro de firmas, se vaya de frente a una segunda votación y se opte por mandar el texto al archivo.

El congresista indicó que también se podría hacer algunos cambios a la norma. O que el tema regrese a comisión.

Mientras tanto, los legisladores (frente a los cuestionamientos) se manifestaron en contra de la ley.

Lizbeth Robles, una de las disidentes de Fuerza Popular, sostuvo que Bartra desconoce la realidad de los practicantes de los institutos.

“Se nota que la congresista Rosa Bartra nunca ha sido practicante. Yo he estudiado en un instituto pedagógico por eso conozco esa realidad”, precisó Robles. Exigió a Bartra que retire de manera inmediata esta ley.

Por su parte, Marisol Espinoza, de Alianza Para el Progreso, reconoció que en casos como corte y confección o cosmetología se estaría entregando mano de obra barata y gratis a las empresas.

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, subrayó que el argumento de que los institutos no tienen infraestructura para que los estudiantes hagan sus prácticas no justifica crear una modalidad de trabajo gratuito.

Al respecto, el constitucionalista Víctor García Toma señaló que el texto contraviene la Constitución al plantear la ejecución de un esfuerzo físico o intelectual sin retribución alguna. “Se trata de estudiantes que merecen una protección por parte del Estado. Lo más apropiado es que este proyecto regrese a comisiones y sea reelaborado”, recomendó.

No son los únicos cuestionamientos, desde luego.

No incentiva al privado

En opinión del abogado laboralista Ricardo Herrera, la propuesta de crear una nueva modalidad formativa laboral sin retribución ni beneficios, además de ser discriminadora e inconstitucional, no generaría el aliciente suficiente en el sector empresarial para tomar a estos jóvenes.

Explicó que si bien la iniciativa busca que los jóvenes de institutos técnicos se califiquen y certifiquen para más adelante ser trabajadores calificados e ingresar al mercado laboral, la propuesta de la congresista Bartra habla de una capacitación mínima y, por tanto, de poco o nada le serviría al empleador esta mano de obra.

“Tampoco sería un incentivo para los empresarios porque el tiempo es muy limitado. Estamos hablando de 40 días al año en los tres años que tiene como tope para supuestamente capacitarse y ser un trabajador calificado”, cuestionó Herrera.

Precisó que esta nueva modalidad formativa es para cumplir horas-práctica de un curso que forma parte del currículo de un instituto superior de carácter de formación productiva.

“No está pensado para ser un convenio para calificar técnicamente a un muchacho. Insisto, esto no es para que ellos adquieran conocimientos técnicos y ser trabajadores calificados porque el tiempo no alcanza”, aseveró.

¿Y la fiscalización?

Actualmente, en el Perú, más de 400 mil estudiantes cursan sus estudios en un instituto de educación superior tecnológica, según el estudio “Educación Tecnológica y Producción: Experiencias de articulación de los institutos de educación superior tecnológica con el sector productivo”, elaborado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Este grupo de jóvenes sería el potencial afectado de prosperar esta arremetida del fujimorismo para crear una nueva modalidad formativa laboral, más aún con la endeble fiscalización laboral del Perú.

“Se pueden dar abusos porque no hay suficientes inspectores laborales”, advirtió Herrera.

Esto fue confirmado por el Sindicato Único de Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que señala que es muy difícil evitar cualquier abuso en los centros de laborales porque al momento de crearse Sunafil se pensó en tener 1.900 inspectores y 200 supervisores-inspectores. Hoy, Sunafil tiene 390 inspectores de los cuales solo 130 tiene facultades para inspeccionar en todo tipo de empresas.

Asimismo, el sindicato de Sunafil se manifestó en desacuerdo con el proyecto de ley pues señala que toda modalidad formativa –sean prácticas preprofesionales o pasantías– merece una subvención económica.

Un elemento importante que acusó el sindicato es que de acuerdo con la Ley de Inspecciones, toda ley laboral debe ser opinada por los inspectores de trabajo, lo cual en este caso no sucedió.

Claves

- Rectifican. Ayer retiraron sus firmas Alianza Para el Progreso, Acción Popular, Peruanos Por el Kambio, Apra y Fuerza Popular.

- En cuestión. El proyecto de ley 1215/2016 fue aprobado el miércoles 21 en la Comisión Permanente del Congreso. Está dirigida a alumnos de centros de educación técnica y de institutos de educación superior.

- Mala práctica. Jorge del Castillo dijo que se suele entregar el expediente del proyecto legislativo casi al momento de la votación. Esto ocurrió el miércoles 21.

Para el Gobierno, el proyecto de Rosa Bartra es discriminatorio

“Así como está la ley, es simplemente observable. Lo más observable es la discriminación, porque deja en desventaja al estudiante técnico con relación al universitario”, afirmó Javier Barreda, ministro de Trabajo.
En tal sentido, manifestó que todos los trabajos, así sean por cuatro horas, deben tener alguna remuneración, y que esta propuesta podría generar que “malos empresarios” contraten a jóvenes en esta modalidad.

“No es bueno como principio, no es bueno en la vida. Ningún joven va a trabajar gratuitamente. Estas normas abren las puertas para que jóvenes desesperados ingresen a un trabajo sin una remuneración”, expresó.

El ex ministro de Economía Alonso Segura señaló que cuando un joven empieza su vida laboral en la informalidad, es casi imposible que salga.

“Iniciar con empleo formal rompe la dinámica perversa de la informalidad. El Régimen Laboral Juvenil –propuesto en el gobierno de Ollanta Humala– puede haber sido mal comunicado. Pero no hacer nada no era solución”, sostuvo.

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