Cogobierno exterior

El Perú debe garantizar el éxito de la Cumbre de las Américas y no deteriorar su credibilidad regional.

16 Feb 2018 | 6:00 h

El Gobierno ha cambiado su postura inicial de invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará el 13 y 14 de abril en Lima. Según ha explicado la canciller Cayetana Aljovín, esa decisión se adoptó luego de que el tribunal electoral de ese país pusiera fecha a las elecciones presidenciales adelantadas al 22 de abril, forzando la realización de comicios fraudulentos, sin la oposición.

Es cierto que la dictadura de Maduro es impopular dentro y fuera de su país y se merece las acciones colectivas de rechazo a su pretensión de mantenerse ilegalmente en el poder. Sin embargo, la tradición de nuestra diplomacia no puede permitirse los traspiés dados por la cancillería en los últimos días o el uso de la legítima causa de la democracia venezolana para propósitos políticos internos.

La primera obligación de Torre Tagle es garantizar el éxito de la Cumbre de las Américas y, en ese cometido, evitar tensiones y entredichos entre los estados, considerando que por lo menos uno de ellos, Bolivia, limítrofe con el Perú, se ha expresado en desacuerdo con la cadena impropia de invitación, posterior declaratoria de no bienvenido y luego retiro de la invitación a Maduro.

Por otro lado, en relación al caso de Venezuela, el Grupo de Lima ha sido el espacio adecuado en el que han confluido los esfuerzos regionales en favor de una salida democrática en ese hermano país, ajeno a las pretensiones de los países del ALBA que defienden al gobierno de Maduro y respaldan sus arbitrariedades, y de la estrategia de otros países que ejercen una política rupturista respecto a Venezuela, prescindiendo del diálogo. Este grupo ha emitido una declaración firme contra las elecciones fraudulentas de Maduro, pero no ha respaldado específicamente la “desinvitación” peruana, anotando en la declaración solo un lacónico “respetamos esta decisión”. La pregunta natural que emerge es por qué el Perú adoptó esa decisión sin el acuerdo formal del Grupo de Lima y en qué medida nuestra política exterior se verá afectada por esta decisión.

Una de las respuestas la ha dado la misma canciller al acudir a una cita con el presidente del Congreso. Como se recuerda, fue el fujimorismo y el titular del Legislativo quienes demandaron la “desinvitación” a Maduro, de modo que esta decisión tiene la apariencia de una entrega de las relaciones internacionales a un cogobierno con el Congreso, contrariando los mandatos constitucionales.

En ese sentido debe entenderse la declaración de Keiko Fujimori que ha roto su silencio de varias semanas solo para respaldar a la canciller (no al Gobierno), y la posterior declaración de esta apoyando el punto de vista de la mayoría parlamentaria que demanda una aclaración de la Corte Interamericana de DDHH sobre los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que Fuerza Popular se empeña en sancionar. Proviniendo de la titular de Torre Tagle, esta declaración es un retroceso respecto al compromiso del Gobierno de respetar esta resolución, como lo señaló el ministro de Justicia.

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