Asesinados en Ucayali llegaron al lugar por promesa de la chacra propia

La República
09 Sep 2017 | 14:38 h

Crimen. Denuncian que autoridades regionales entregan certificados de posesión y promueven la deforestación de bosques. Traficantes de tierras actúan con la ley del más fuerte.

Robert Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconacu), recuerda que en el año 2010 el Estado declaró de interés nacional el monocultivo de palma aceitera y cacao en la amazonía, como alternativa a la expansión del sembrío de coca.

Bajo la sombra de esta política, empresas de Grupo Melka se instalaron en Ucayali, Loreto y San Martín. A Ucayali llegó Plantaciones de Pucallpa SAC, convertida ahora en Plantaciones Ochosur SAC.

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"Esta empresa extendió sus tierras bajo esta modalidad: utiliza a traficantes de tierras formalizados en asociaciones, quienes se apropian de terrenos facilitados por el Gobierno Regional de Ucayali y la Dirección Regional Agraria. Después, Plantaciones Ochosur se las compra. Así acapara tierras", sostiene el dirigente.

Y señala al director regional de Agricultura, Isaac Huamán Pérez, como el funcionario que adjudica certificados de posesión a los traficantes. Refiere que con este documento han invadido Bosques de Producción Permanente (BPP) que pertenecen a comunidades indígenas como Santa Clara de Uchunya.

"La Dirección Regional Agraria otorgó 17 constancias de posesión en más de 2.500 hectáreas de tierras comunales, hasta le dieron a un menor de edad. Con este papel simple entran en conflicto con el dueño original. Pagan y logran tener un informe favorable, luego se desata la ley del más fuerte. Es lo que pasó con los comuneros de Bajo Rayal que fueron asesinados el primero de setiembre", asegura Guimaraes.

Identifica a la Asociación de Empresarios de Nueva Requena como la que envió a cuarenta encapuchados para que asesinen a Jorge Calderón Campos (33), Elías Gamonal Mozombite (31), Feliciano Córdova Abad (71), Edil Córdova López (41), Alcides Córdova López, Orlando Burillo Mendoza (53). Los seis habían llegado a Ucayali desde San Martín y Piura con la esperanza de hacerse de 20 o 30 hectáreas.

El consejero regional de Coronel Portillo, Rómulo Bonilla Pomachari, manifiesta que los campesinos asesinados son parte de una gran legión de personas que están llegando a Ucayali desde otras regiones con la promesa de la chacra propia.

"Lo condenable es que estas decisiones mercantilistas de funcionarios corruptos están poniendo en grave riesgo a nuestra amazonía", protesta.

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"Fue el juez de paz"

El director regional de Agricultura, ingeniero Isaac Huamán Pérez, dice que no tiene nada que ver con el otorgamiento de constancias de posesión en Bosques de Producción Permanente, ya que estas áreas dependen de Serfor.

Sobre la cantidad de personas que están ocupando los BPP, Huamán Pérez dice que de acuerdo a sus averiguaciones son casi 7 mil familias. Pero insiste en que estas personas no han deforestado el bosque porque, cuando llegaron, el lugar ya había sido afectado por la ganadería y el cultivo de coca.

Al objetarle su aseveración, acepta que han deforestado plantas primarias sin ningún valor comercial. Cuando se le indica el valor ambiental, arguye que para el cuidado del ambiente hay que hablar de sumideros de carbono, como el aguaje y la palma aceitera.

Y en cuanto a los traficantes de tierras, reconoce que están estafando a campesinos con ventas fraudulentas dentro de BPP. Sin embargo, dice que "como autoridad no los puedo detectar porque están muy dentro del bosque".

Al final, y como para demostrar que no dio constancias de posesión a los traficantes, Isaac Huamán revela que ha descubierto que quien entregó este documento por 2.500 hectáreas a la asociación involucrada en el asesinato de los seis campesinos fue el juez de paz de Nueva Requena.

"Me reservo el nombre de la asociación. Los expedientes ya están en la fiscalía", acotó.

“Está ligado a Agricultura desde Fujimori”

Rómulo Bonilla Pomachari, consejero regional de Ucayali, sostiene que el director regional de Agricultura, Isaac Huamán, y el gobernador regional, Manuel Gambini, quien fue cocalero, están invitando a gente de otras regiones con la promesa de una propuesta de ley y una ordenanza regional para que Bosques de Producción Permanente sean adjudicados para actividad agropecuaria.

"Si ahora están deforestando, con esas normas tendrán carta libre. Isaac Huamán está ligado al sector Agricultura desde la época de Fujimori con los gobiernos de Olga Ríos, de Jorge Velásquez, ahora preso, y el actual de Manuel Gambini. Todos del partido fujimorista. Gambini, cuando era alcalde de Irasola, se adjudicó muchas hectáreas. Esto es delicado", subraya Bonilla.