Ecuador: a la vuelta de la esquina, por Diego García-Sayán


Están a la vuelta de la esquina las elecciones presidenciales en Ecuador. La segunda vuelta se llevará a cabo dentro de escasas dos semanas (13 de abril), pues la primera se realizó el 9 de febrero y ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria.

La presidencia se disputará entre Luisa González, de la Alianza Revolución Ciudadana (agrupación política que liderarael ex presidente Rafael Correa), y el actual presidente, Daniel Noboa, del Movimiento Acción Democrática Nacional. ​

Factores económicos críticos y el creciente accionar del crimen organizado, impactan de manera decisiva en el ambiente político y social del Ecuador y en las percepciones y urgencias ciudadanas. Y en alguna medida, inciden en la dirección y pobre desempeño de la economía en los últimos tres años. 

Economía afectada.-

Si bien su economía creció moderadamente en el 2022 (2,9%), el ritmo bajó al 2,6% en el 2023 por la inestabilidad política y el aumento del crimen organizado. ​En este contexto se dio la llegada al gobierno del conservador Daniel Noboa en noviembre del 2023, tras ganar las elecciones anticipadas de octubre de 2023.

Las intensas lluvias registradas durante 2024 tuvieron un serio impacto en diversos sectores de la economía nacional. Miles de hectáreas quedaron inundadas, provocando pérdidas considerables. Además, el país siguió impactado por la convergencia de inestabilidad política y el impacto del crimen organizado. En el 2024, la economía habría estado en recesión. 

Seguridad ciudadana: fuera de control.-

En un país tradicionalmente pacífico y seguro, la inseguridad ciudadana ha irrumpido como la principal preocupación. El aumento de delitos violentos, el narcotráfico y la guerra entre bandas, han colocado a la seguridad en el centro de las urgencias ciudadanas y del debate político. 

​​En el 2024, Ecuador enfrentó un incremento significativo en las actividades del crimen organizado, conrepercusiones profundas en la seguridad, economía y estabilidad social del país.​ La tasa de homicidios creció 430% en los últimos cinco años. Grupos delictivos organizados expandieron su influencia a actividades como extorsiones, reclutamiento de menores y asesinatos de funcionarios públicos y candidatos políticos. Por cada incremento del 1% en las muertes violentas, el PIB del país se redujo en un 0,5% según el FMI.

El sistema carcelario sufrió -sufre- una crisis sin precedentes. Con masacres que resultaron en la muerte de cientos de reclusos. El  gobierno tomó la decisión de militarizar las prisiones, sin que este paso haya logrado establecer un verdadero control estatal sobre las cárceles(que siguen siendo una suerte de zona liberada).

Respuesta del gobierno.-

En un esfuerzo por combatir el crimen organizado, el presidente Daniel Noboa anunció varias opciones: construir cárceles inmensas, cárceles “flotantes” en el mar a bordo de grandes buques y otros caminos parecidos. Parten del supuesto de que los criminales están en su gran mayoría identificados, por lo que, en consecuencia, sería factible capturarlos. Nada de eso parece estar ocurriendo.

Otra ruta explorada por el gobierno es poner el énfasis en fuerzas extranjeras, asunto particularmente polémico.Medida que podría ser traducida en algo así como la abdicación de la autoridad gubernamental. El presidente Noboa ha propuesto una “alianza estratégica” con Erik Prince, fundador de la transnacional empresa estadounidense Blackwater

Esta idea ha generado serias críticas debido al controvertido historial de la compañía y preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos. Una transnacional que tiene más un “prontuario” que trayectoria empresarial. Ejemplos: en Irak, masacre de la Plaza Nisour(2007), personal de Blackwater mató a 17 civiles iraquíes e hirieron a más de 20; Afganistán: varios informes de que sus agentes cometieron abusos contra civiles y operando con total impunidad.

La otra ruta -controversial- que se explora: bases militares extranjeras. Asunto que, además tendría podría tener repercusión en la región. Requeriría una reforma constitucional, pues el artículo 5 de la Constitución lo prohíbe. Ya en octubre del 2024 la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable. El siguiente paso sería su discusión -y aprobación- en la Asamblea Nacional. De ser aprobada, la reforma se sometería a un referéndum para que la ciudadanía decida. 

Tema regional.-​

​Es obvio que el dinamismo y fuerza del crimen organizado en el Ecuador no es un fenómeno “local”. El tráfico de drogas ilícitas y de personas que nutre al crimen organizado no se resuelve con soluciones facilistas y de impacto, como bases extranjeras o empresas de mercenarios. Sino con sistemas de inteligencia efectivos y fuerzas de seguridad profesionalizadas ycon una colaboración activa de la ciudadanía.

​Dentro de todo esto, lo que llama poderosamente la atención es la escasa (¿o débil?) interacción entre los países andinos. Que tienen mecanismos bilaterales de información pero visiblemente insuficientes.

​El hecho es que el crimen organizado en los países andinos no se explica como un fenómeno estrictamente local.  Cuando para el tráfico de drogas, armas o personas, la vecindad y semejanzas entre Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia no son un dato marginal de la realidad.

​Se siente la carencia de liderazgo y acción regional. Empezando por la inerte estructura institucional de la Comunidad Andina de Naciones, cuya secretaría está completamente ausente de liderazgo en esta materia. Carencias graves para convocar e incentivar al diálogo y la cooperación. 

Es primordial que durante lo que resta de campaña electoral, los candidatos se comprometan a abordar estos temas y presenten propuestas claras y realizables. Las elecciones presidenciales deben enmarcarse dentro de un diálogo profundo sobre la seguridad ciudadana, con una atención especial a la coordinación con Colombia y Perú. Lo que también debiera darse en el proceso electoral peruano del 2026.

Diego García Sayán

Atando cabos

Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.