Y después de Dina, ¿qué?, por René Gastelumendi

En el mejor de los casos, para Boluarte y el parlamento, claro está, les quedan dos años en el poder. Lo suficiente para terminar de enajenar nuestro sistema de gobierno.

Más allá de las legislaciones o contralegislaciones que favorecen a la criminalidad, las economías delictivas, la impunidad y las mafias, lo cual es un problema tan o más grave, la oportunista coalición que nos gobierna ha cambiado y quiere seguir cambiando las reglas del juego democráticas sin saber, a mediano plazo, para quién se trabaja. A corto plazo, claramente a intereses subalternos de copamiento de poder, pero uno nunca sabe cuándo estas reglas le pueden jugar en contra.

Los congresistas, en general, y ahora en particular de manera más impúdica, no son genuinamente representativos de la población y vemos cómo se aferran fuertemente, como las manos de un trapecista, a la verdad jurídica de que fueron elegidos en las urnas hasta el 2026. Tal cual lo hace Boluarte en la presidencia, como integrante de la plancha presidencial que también fue elegida. Tenemos al frente, estamos padeciendo, cómo lo legal se enfrenta a lo legítimo, un clásico conflicto dentro de las democracias precarias como la nuestra.

La ecuación es muy simple: una presidenta con 8.1% de aprobación, según la última encuesta de CPI y, sobre todo, un congreso todopoderoso con una aprobación de apenas 4.1%, tal vez el récord histórico, en alianza perversamente estratégica de respaldo mutuo, toman decisiones que afectan a todo el país y sus gentes. ¿Es legal? Sí, lo legal se apega al derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que se puede o no hacer desde la visión casi literal o, dependiendo del caso, interpretativa a conveniencia de la ley o la Constitución. Lo legítimo, en cambio, implica mucho más. Para empezar, el respaldo ciudadano, la percepción de justicia y ética por parte de los gobernados de las decisiones que toman quienes nos gobiernan, al margen de tener el sello de “oficial” o “constitucional”.

Las cifras indican que quienes están ahora en el poder no tienen legitimidad. No obstante, tenemos que aguantar el hecho de que nos cambien las leyes, las reglas, quienes, legalmente, están autorizados para hacerlo; por algo los congresistas se llaman también legisladores. Trampa mortal, en esta coyuntura que solo detiene, por momentos, alguna decisión del Poder Judicial porque, como sabemos, el TC fue elegido por el congreso y, con ello, son dueños de la última instancia.

Sin embargo, están jugando con la muerte, son como un enfermo terminal que no se quiere desconectar y que sobrevive gracias al oxígeno que le brinda la sonda del proceso electoral que los puso allí. Todo este incremento del poder del congreso: limitar la participación política de la ciudadanía para seguir con las mismas alternativas, poder vacar a un presidente prácticamente por cualquier cosa, dependiendo solo de los votos y no de verdadera motivación, poder censurar, interpelar, inhabilitar, destituir lo que les dé la gana, en suma, poder volver a armar, “reorganizar” el país, eligiendo, por ejemplo, a los miembros de lo que sea que reemplace a la Junta Nacional de Justicia, cambiar la naturaleza de las organizaciones criminales y de los allanamientos judiciales o impedir la participación electoral de los movimientos regionales, ha sido como una especie de trafa de Asamblea Constituyente.

Una corriente que viene desde el 2016, cuando el fujimorismo sacó más de 70 congresistas y le hizo insoportable la vida al ejecutivo de PPK. En la práctica, hemos pasado de un sistema semipresidencialista a uno parlamentarista y ni nos despeinamos. No se toca al presidente del BCR (felizmente), con eso tenemos a los empresarios contentos y entonces los políticos de turno hacen lo que les sale del forro, sin legitimidad, porque la legalidad es un tapón, un dique estirado que, no lo olvidemos, por favor, puede romperse por cualquier parte.

¿Quién, sino la ciudadanía, para hacer prevalecer la legitimidad por sobre la legalidad, a secas, romper el dique de la legalidad ilegítima? La historia del mundo indica que, para que cambie un determinado statu quo como el que estamos viviendo, se necesita una fuerza o un liderazgo que aglutine el descontento y la indignación. ¿Existe alguien así? Entre las cerca de 28 candidaturas, piense usted, que se van inscribiendo para las presidenciales, ¿hay alguien que brinde algún horizonte potable, algún general que usted seguiría en una guerra política?

Presidentes, expresidentes en problemas, presos, congresistas procesados, el profesor golpista, la lideresa de la oposición siendo una locomotora de conveniencias privadas, todos con el estigma de la corrupción, con la sospecha a cuestas, todos embarrados, precisamente, sin legitimidad. Nadie inspira, todos fallaron y todos nos fallarán.

Señores, ¿se trata solo de impedir que un “comunista”, un “caviar” llegue al poder y por eso nos entregamos, entregamos el país a forajidos? Ya está escrito: sea quien sea quien llegue al poder deberá tener una bancada parlamentaria propia y numerosa. La suerte está echada hasta que el marco de la legalidad explote por falta de legitimidad y, lo que hoy te sirve o te complace, repito, no lo olvides, te puede explotar en la cara si es que las piezas y, no solo las reglas, se invierten. No aceptamos las reglas, los principios claros para todos y, cuando las reglas nos jueguen en contra, recién nos daremos cuenta de que los absolutismos de barrabrava no sirven.

A todo esto, ¿alguno de nuestros políticos se animará a impulsar una reforma que permita elegir a los parlamentarios en la segunda vuelta y así evitar la ingobernabilidad de siempre? No, la repartija, los acuerdos mafiosos, no lo permitirán y, muchos de nosotros, parece, nos contentamos con la posición en el tablero que tenemos ahora y abusamos de nuestra suerte. Entonces, no tendremos la legitimidad para protestar contra lo que podría venir después de Dina ni contra cómo podría emplear estas reglas nuevas y tramposas a su favor y no del nuestro.