Paz y justicia para fallecidos en protestas
Los familiares de las víctimas participaron en movilizaciones, en demanda de celeridad para investigaciones.
Nuevamente en las calles del centro de la capital se reunieron los deudos de las víctimas de la violenta represión policial y militar de finales del 2022, a pocos días del inicio de la gestión de Dina Boluarte como sucesora de Pedro Castillo, quien dejó el cargo luego del conato de golpe de Estado que propició.
Los manifestantes llegaron de las regiones en las que se produjeron las movilizaciones que fueron respondidas con el exceso de la fuerza que ya se ha establecido en investigaciones independientes realizadas por organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y del sistema interamericano, así como ONG internacionales, como Amnistía Internacional, entre otras.
Esta violencia desatada en Apurímac, Junín, Ayacucho, Puno, etc. provocó al menos 50 personas fallecidas, cuyos casos siguen siendo expedientes fiscales que no arriban a conclusiones sobre los responsables y que según el sentir de los deudos, no avanzan con la celeridad que ellos esperan, más aún cuando hay tanta evidencia de los crímenes extrajudiciales y disparos a quemarropa contra civiles desarmados. También existen hipótesis acerca de la responsabilidad mediata de las autoridades a cargo, ya que los movimientos de la policía y los militares siguieron un patrón establecido en sucesivas ocasiones, sin que en ningún momento se proceda a evitar el uso de armas de fuego y el tiro mortal contra los manifestantes.
Se ha conocido en los últimos meses denuncias vinculadas al accionar articulado de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el poder. Primero con el Congreso y en fecha reciente, con la presidenta Boluarte y su entorno.
En esta última semana, un testigo protegido de la Fiscalía ha señalado que la relación entre la defensa de la mandataria y la autoridad fiscal era de tal cercanía, que ella conoció por adelantado las preguntas y las respuestas que debía dar ante las interrogantes relacionadas con las muertes ocurridas en los disturbios.
Esta denuncia es sumamente grave porque echa por tierra la veracidad de las declaraciones de la jefa de Estado con respecto a su participación en los sucesos. Es necesaria la celeridad en los procesos que se siguen por las 50 muertes ocurridas durante los primeros meses de gestión de Dina Boluarte, pero también que se despejen las dudas sobre esta injerencia fiscal del más alto nivel en las investigaciones que se siguen en estos casos. Solo la verdad traerá paz y justicia para los deudos que legítimamente reclaman.
Los artículos firmados por La República son redactados por nuestro equipo de periodistas. Estas publicaciones son revisadas por nuestros editores para asegurar que cada contenido cumpla con nuestra línea editorial y sea relevante para nuestras audiencias.