Aquí no pasa nada, por Rosa María Palacios

Esta semana, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, tomaron la decisión, por sí y ante sí, de firmar la autógrafa de una ley y mandarla a publicar al diario oficial cuando aún no se había agotado el debate parlamentario. La modificatoria a la ley forestal había sido aprobada por el pleno, por insistencia, luego de que el Ejecutivo la observara. Sin embargo, se interpusieron dos mociones de reconsideración que tenían que ser votadas en el próximo pleno. Es decir, en marzo. El abuso de Soto y Cerrón no tiene precedentes en la historia parlamentaria, atribuyéndose funciones que no tienen, sea cual fuere el proyecto de ley. Un hecho tan escandaloso serviría, por lo menos, para una moción de censura. Sin embargo, salvo las personas y asociaciones nativas y agrarias afectadas por las modificaciones de la ley, el silencio es solemne. Aquí no pasa nada.

No es la primera vez en los últimos meses que los peruanos observamos hechos que harían cambiar el curso de la historia o, al menos, hacer caer en desgracia a sus protagonistas. Sin embargo, expuesto el tema, después de la habitual secuencia de promesas de investigación e intervención de la Fiscalía, el asunto desaparece. Hagamos un recuento.

Un fiscal dispone el secreto seguimiento de dos periodistas: César Romero y Juan Carlos Tafur. ¿Motivo? Sus reportajes periodísticos. ¿Necesidad? Averiguar quiénes son sus fuentes. ¿Qué delito han cometido? Ninguno, salvo que sea delito poner en evidencia a un fiscal actuando mal. ¿Respuesta del Ministerio Público? Los periodistas se enteran del atropello por la resolución de archivo de otro fiscal que hereda el expediente que reconoce que se está violando el derecho a la libertad de prensa. Y ahí quedó todo.

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Ecuador se desangra bajo el sometimiento de mafias del narcotráfico que controlan las cárceles de ese país. Se descubre que los delincuentes usan armas, municiones y granadas del Ejército peruano. Las municiones proceden de la misma fábrica del Ejército, la única autorizada porque no son de uso civil. Hace mas de un año que se conoce de este tráfico. ¿Respuesta del Ejecutivo? “Vamos a investigar”. Y a otra cosa mariposa.

El Congreso aprueba un proyecto para reducir las posibilidades de combatir el crimen organizado a través de la desnaturalización de la colaboración eficaz. Tiene otro listo para el debate para favorecer a lavadores de activos y narcotraficantes descabezando el sistema judicial de pérdida de dominio. El Ejecutivo elimina la prisión efectiva para una serie de supuestos, vía legislación delegada. La más notable modificación es que si te condenan a menos de cinco años, ya no irás preso. Este esfuerzo procrimen ¿generó alguna protesta? No. Todos felices.

En ese mismo Congreso, con decenas de congresistas investigados por vender su voto o robar el sueldo de sus trabajadores, se presenta un proyecto para que sean ellos los que elijan a jueces y fiscales. Se le retiraron las firmas de apoyo y ahí murió la flor. ¿Qué intereses se movieron detrás? Vaya uno a saber. Como dice Rubén Blades en ‘Pedro Navaja’ “no hubo preguntas, nadie lloró”. Compitiendo, el Ejecutivo convocó al “Consejo para la reforma del sistema de justicia”, con más pompa que otra cosa. ¿Resultado? Cero. ¿Qué justicia vamos a tener en un país donde un prófugo como Vladimir Cerrón insulta desde las redes sociales con la seguridad de recibir un sueldo del partido, que pagamos con nuestros impuestos, mientras nadie lo busca en serio?

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Los alcaldes de Barranco y Miraflores persiguen a los que usan el espacio público. El derecho a ser feliz es un peligro por erradicar con el serenazgo. El alcalde de Lima grita que Gustavo Gorriti es “el hombre más poderoso del Perú” mientras una turba de 15 personas pasa por su oficina y le tira caca. ¿Hizo algo la alcaldesa de San Isidro? Nada. ¿Para qué? Si no haces nada, no pasa nada, aunque las turbas violen ordenanzas municipales.
El Ejecutivo declara estados de emergencia y asegura que con ellos combate la inseguridad ciudadana. Cuando vencen, sin mayores beneficios, no se toman ni la molestia de dar, aunque sea, unas cifras que justifiquen la medida. Simplemente no la renuevan y chau pescado. No se vuelve a hablar del tema. ¿Para qué?

25.000 personas protestan pacíficamente en Juliaca el 9 de enero. Conmemoran un año del fallecimiento de 18 de las 49 víctimas por proyectil de arma de fuego de la Policía y el Ejército peruano. Los medios no se toman la molestia de reportarlo, tal vez porque es un evento pacífico. ¿Y la justicia para los heridos, fallecidos y sus familiares? Bien, gracias. No se habla del asunto más, salvo para terruquear. Dina Boluarte no puede poner un pie en Puno y eso está tan normalizado que a nadie parece sorprender que la presidenta no pueda ir a ciertas zonas del país.

Las historias del hermano Nicanor y sus contratados en las prefecturas o las amigas de Otárola y sus visitas domiciliarias son contadas no como graves casos de tráfico de influencias sino como anécdotas risueñas de las pugnas en el poder alrededor de la Presidencia. Parece que lo único que importa es quién va ganando la bronca, no quiénes están gobernando en realidad. Como dijo el presidente Otárola, “parece una broma, pero no lo es, acá lo que ocurre es que estamos bajo el liderazgo de la presidenta”. Todos entendimos la broma.

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El Tribunal Constitucional ha avalado que el Congreso modifique la Constitución por ley cuando se voló la cuestión de confianza. Basta con la oración anterior para entender la degradación de la institución, pero hay mucho más. Destruir la Sunedu, otorgar iniciativa de gasto a los congresistas o destruir los concursos de méritos son otras de las gracias que en pocos meses han entregado al país. Y, por supuesto, actuar en desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ordenar la excarcelación de Alberto Fujimori en base a un indulto nulo. ¿Alguna protesta por la destrucción del Estado de derecho? No mucha. ¿Alguna por contratar procesados por corrupción? Tampoco.

De la diáspora en la Defensoría del Pueblo tampoco se ha hecho mucho lío. Cada día se va algún funcionario con 10 o 20 años de carrera, con logros importantes, porque no soporta más el maltrato y el actual desprestigio de una institución que ha logrado lo que siempre quisieron los políticos: hacerla inoperante. Mientras tanto, una treintena de defensores ambientales, todos voluntarios, son asesinados en los últimos cinco años a manos de mafias madereras y del narcotráfico, sin moverle una ceja a las autoridades.

Me dirán que es mucho, que no se puede andar uno quejando por todo. Yo les digo que me he quedado corta en este breve recuento. Estamos pasando por agua tibia asuntos tan graves, tan perniciosos para la vida democrática que no debería sorprender a nadie que, en una mañana no muy lejana, despertemos como Ecuador. Y ahí sí pasará todo.