No se puede derogar la ley de oferta y demanda, por Miguel Palomino

A primera impresión, suena bien que el Congreso ponga una tasa de interés máxima a los préstamos; ¿a quién puede parecerle bien pagar una tasa de interés elevada? Por ello, hace cinco meses escribí en esta columna sobre el resultado que había tenido la ley que promulgó el Congreso poniendo topes máximos a las tasas de interés. En breve, expliqué que el tope perjudica precisamente a aquellos más necesitados de crédito porque el Congreso no puede derogar la ley de la oferta y la demanda.

En mi columna expliqué que la mayoría de las personas que toman créditos caros en el sistema formal (bancos, financieras, cajas, etc.) lo hacen porque son consideradas más riesgosas (tienen más probabilidad de no poder repagar su préstamo), pero acceden a estas condiciones porque su alternativa es el crédito informal, que es aún más caro. Ahí también expliqué que el Banco Central de Reserva (BCR) había estimado que aproximadamente 100.000 clientes de créditos de consumo y microempresas salieron del sistema formal (y, presumiblemente, fueron a dar al sistema informal) al imponerse el tope máximo. Por ello, el BCR, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Ministerio de Economía y la mayoría de los economistas se habían opuesto al tope de las tasas de interés.

Si bien el Congreso puede limitar la tasa de interés máxima, esto solo aplica al mercado financiero formal. El sistema financiero informal es muy extenso y en él no existen topes. El Instituto Peruano de Economía (IPE) estimó que aproximadamente 580.000 hogares (8% del total de los hogares) tomaron un crédito informal el año pasado. Casi la mitad de los créditos informales fueron otorgados a tasas anuales de 500% o más. Solo como ejemplo, un préstamo a 24 días con pago de cuotas diarias (“gota a gota”) a una tasa de 20% (el segundo tipo de crédito más común) resulta en una tasa de interés de más de 10.000% anual. Además, el crédito informal tiende a tener mecanismos de asegurar su repago que en muchos casos son ilegales, como todos conocemos por los noticieros.

PUEDES VER: #25N: tarea pendiente de los medios, por Patricia Montero

Felizmente, algunos parlamentarios en el Congreso se han dado cuenta del efecto no deseado de la ley que impone un tope a las tasas de interés del mercado formal y han presentado un proyecto de ley (PL) solicitando su suspensión por tres años. Cuando criticamos al Congreso por tomar una mala medida, es justo también felicitarlos cuando intentan corregir su error.

En su exposición de motivos, el PL indica que el 30 de octubre, en declaraciones ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la misma superintendente de la SBS afirmó que la ley “fue negativa a nivel de inclusión financiera, siendo los más afectados las personas que no cuentan con historial crediticio y aquellos que se encuentran en alto riesgo financiero”. Es decir, se perjudicó a los que se pretendía proteger.

Además de saludar la iniciativa (y sugerir que la hagan permanente), también es oportuno hacerles una invocación a todos los congresistas. Muchas medidas que en un principio parecen adecuadas no lo son cuando son analizadas más cuidadosamente. Las que con más frecuencia se dan son leyes que imponen algún tipo de control de precios, como lo es el establecer un tope a las tasas de interés. Estas medidas con frecuencia están dirigidas a cuidar el bolsillo de la mayoría, pero casi nunca funcionan por motivos que son claros ante un análisis más cuidadoso (ver mi columna “Tomates y empleo” del 27 de julio del año pasado).

A la luz de la nefasta experiencia peruana (y la de otros países, como Argentina) con los controles de precios, urge que los congresistas no caigan en el facilismo de pensar que quienes les advierten en contra de estos buscan cuidar determinados intereses. Escuchen cuando quienes conocen sobre el tema les expliquen con evidencia por qué un control de precios no es casi nunca una buena idea.