Justo reconocimiento

Aunque ha existido un persistente retraso en la justicia para las víctimas de un programa estatal de esterilizaciones forzosas que operó sin consentimiento a miles de mujeres, principalmente quechuahablantes y de extracción rural, se conoció que el Poder Judicial ha ordenado un pago como resarcimiento por esta acción ilegal.

Se trata de una orden judicial que debe cumplir el Ejecutivo y que ordena las reparaciones integrales para las víctimas de este acto señalado como un crimen de lesa humanidad.

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima definió así un reclamo que se ha mantenido por décadas y que aún espera la sanción para los responsables. Declaró fundada la demanda colectiva de amparo por el derecho de reparaciones integrales y ordenó al Minjus que declare el derecho constitucional de las víctimas a este reconocimiento.

Como se recuerda, durante el gobierno dictatorial del presidente Fujimori, hoy encarcelado por crímenes vinculados a la corrupción, principalmente, se determinó que desde el Ministerio de Salud se desarrollara una campaña de esterilizaciones, que tenía como objetivo el control de la fertilidad para mujeres, en especial las más pobres.

Este programa se desarrolló entre los años 1996 hasta el año 2000, y tuvo como resultado un aproximado de 217 mil mujeres que ya no podrían concebir.

La verdad de esta campaña pudo conocerse una vez que mujeres agrupadas en colectivos empezaron a presentar denuncias por haber sido esterilizadas sin haber recibido información suficiente o contra su voluntad. También se registraron casos de quienes habían sufrido problemas de salud provocados por la cirugía practicada.

Estas denuncias fueron recogidas por la Defensoría del Pueblo y otras entidades que pedían una investigación a fondo para determinar quién dio la orden y bajo qué premisas se puso en marcha este programa a todas luces atentatorio contra los derechos humanos y las libertades.

Finalmente, el gobierno de Fujimori fue muchas veces cuestionado por estos hechos, pero la justicia nunca llegó a determinar a los responsables. Las víctimas incluso han acudido a fueros internacionales, desde donde se ha exigido investigación pronta, imparcial y objetiva.

Esta primera decisión judicial que ordena el reconocimiento del derecho a la reparación integral es un paso decisivo para obtener respuesta a esta demanda de mujeres que nunca claudicaron y mantuvieron firme su pedido de atención y justicia.