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¿Acceder a la educación superior?, por Mónica Muñoz- Nájar

“Acceder a una educación superior es caro en el Perú, incluso si se habla del esquema público, donde, por ejemplo, el costo de ingreso es el doble que para ingresar a una universidad privada”.

Coordinadora de la Red de Estudios para el Desarrollo.

El sueño de muchos jóvenes y el deseo de muchas familias es que sus hijos puedan acceder a una educación superior. Según la Encuesta nacional de percepción de desigualdades realizada este año, el 85% de peruanos cree que “tener una buena educación” da una mayor ventaja para tener buena posición económica, siendo de lejos la característica que da mayor ventaja.

Pero el acceso a la educación superior en el Perú es relativamente bajo, y más aún, es más bajo mientras menor sea el nivel socioeconómico del hogar. Así, el 2021, la tasa de matrícula en educación superior para los jóvenes de entre 17 y 21 años en condición de pobreza extrema fue de 9.6%; mientras que para sus pares con pobreza esta tasa fue de 21.5%; y el 41% para los jóvenes no pobres.

Este bajo y desigual acceso responde a diferentes causas; las más importantes son las de orden económico. De hecho, acceder a una educación superior es caro en el Perú, incluso si se habla del esquema público, donde, por ejemplo, según información del Minedu del 2017, el costo de ingresar a una universidad pública es el doble que para ingresar a una universidad privada porque los jóvenes pasan 10 meses en promedio preparándose y frecuentemente deben postular múltiples veces. Para las familias más vulnerables es difícil costear esto.

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Una segunda arista del problema es que para un joven de una familia pobre es mucho más complicada la elección entre estudiar tres o cinco años y trabajar para ayudar a la familia en ese tiempo. La situación se agrava cuando vemos a jóvenes que con mucho esfuerzo estudian una carrera superior pero tienen dificultades para encontrar un trabajo incluso con esos estudios. De hecho, en un estudio del 2015, Lavado, Martínez y Yamada encontraron que estudiar en un instituto o universidad de baja calidad ni siquiera retornaba la inversión hecha (el pago en pensiones y tiempo invertido) comparado con el sueldo que se recibe al egresar de esas instituciones: a esos jóvenes les hubiera convenido quedarse con educación secundaria.

La falta de acceso a la educación superior es un problema que afecta la productividad y competitividad del país, además de no permitir que las personas se desarrollen plenamente según sus deseos y potencialidades. El problema es complicado de resolver, se requieren acciones con diferente grado de complejidad. Las más complicadas son las transformaciones, como por ejemplo la reforma de la educación básica para que se desarrollen adecuadamente los aprendizajes que permitan que los jóvenes accedan y permanezcan en la educación superior; y la reforma universitaria que conlleve a un ordenamiento de las finanzas de las universidades públicas para darles más financiamiento, así como el incremento de las condiciones de calidad para las universidades públicas y privadas.

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Existen medidas más inmediatas, por ejemplo, casi 300 mil jóvenes pobres de hasta 22 años que fueron tercio superior en su colegio no han iniciado estudios de educación superior. Esos jóvenes de alto rendimiento académico y condiciones de vulnerabilidad son el grupo objetivo de Beca 18, pero este atiende apenas a 5 mil estudiantes al año (menos de 2%) y se ha visto atacado por la gestión del Ministerio de Educación que tuvo la intención de reducir el programa a un quinto de su tamaño, a pesar de tener evaluaciones sólidas que confirman su impacto positivo.

Este problema no puede esperar y el Gobierno debe darle la prioridad, implementando medidas basadas en evidencia nacional e internacional, no en los sesgos y opiniones de aquellos a cargo. Las reformas deben mejorarse y profundizarse, no deshacerse: la meritocracia de los profesores de educación básica, la defensa de la reforma universitaria e independencia de la Sunedu, el incremento de financiamiento a universidades públicas y a becas educativas son todas medidas necesarias, pero desplazadas en su prioridad. Entonces, ¿avanzamos o retrocedemos?