Perú, país de congresistas violadores

Un hombre con cargo público es denunciado por violación sexual, agresión verbal, física, psicológica, acoso o feminicidio. Sus pares se indignan. Uno de ellos o, incluso él mismo, se justifica evidenciando aún más su misoginia. La indignación vuelve. Se piden explicaciones. Se denuncia. Todo se resuelve con el archivo del caso o, en el mejor de los escenarios, con un castigo menor. Este es el ciclo de la violencia que ocurre cada tanto en el Perú; el mismo en el que, por un rato, se visibiliza la frágil situación de las mujeres en cada lugar que ocupamos.

El último caso fue la denuncia de violación sexual contra Freddy Díaz, congresista de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña (también acusado de violar y dejar embarazada a una menor de edad). Antes ocurrió con Yohny Lescano (Acción Popular), Moisés Mamani (Fuerza Popular), Luis López (Fuerza Popular), Guido Bellido (Perú Libre), Daniel Urresti (ex ministro del Interior). ¿Cuántos más habrá?

Las primeras reacciones que generó la denuncia contra Díaz fueron dignas de un país en donde los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y diversidades están garantizados. En sintonía, diversas fuerzas políticas, medios de comunicación y personas en redes sociales expresaron su repudio al hecho cometido por el congresista de Acuña. Se preguntan: ¿hasta cuándo?, piden escarmiento y defienden que a las mujeres no se les toca.

Sin embargo, el Perú no es ese país ideal en el que todas y todos condenan la violencia de género y en el que el machismo y la misoginia son señalados así de rápido y sencillo. Para lograr serlo, de verdad y en serio, hay que transformar el Estado y sus instituciones de manera estructural y transversal. Por eso, la falsa indignación de quienes impulsan abiertamente una agenda antiderechos, no es más que hipocresía y conveniencia.

Se llenan la boca condenando la denuncia contra Freddy Díaz los mismos que buscan tumbarse el enfoque de género en la educación, quienes se niegan a -por lo menos- debatir la identidad de género, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y otros aspectos que buscan reparar a comunidades vulneradas. No pueden más con la rabia aquellos que informan sobre casos de feminicidio desde el morbo, revictimizando, promoviendo estereotipos y normalizando la violencia contra las mujeres. Condenan este atroz acto las mismas personas que se ‘’pasan el pack’' por WhatsApp, también el 54% de personas que consideran que una mujer merece ser golpeada por su pareja si es que esta es infiel y el 29% que cree que las mujeres se merecen ser acosadas sexualmente si usan minifalda (Ipsos 2022).

El Perú es un país de violadores porque la cultura de la violación está totalmente legitimada dentro de cada agente que nos forma y nos enseña a socializar como personas desde que somos muy, muy pequeños. Creer que una mujer tiene la culpa de la violencia en su contra por la ropa que usaba, el lugar por el que caminaba, los tragos que había tomado o por ser ‘’la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres (…)’’, como dijo Wilmar Elera (Somos Perú), no viene de la nada. El machismo se aprende, se promueve y se normaliza. Ahora, el Perú es, también, un país de congresistas violadores.

Probablemente, en unos días la novedad por la denuncia contra el legislador de APP pasará. La indignación también. Hasta que un caso similar vuelva a ocurrir y se repita el círculo de la violencia. Por eso es importante transformar la rabia en políticas públicas que transformen nuestra idiosincracia misógina. De lo contrario, solo seremos un país que recicla su condena las agresiones de todo tipo contra mujeres y diversidades para solo mirarla desde la comodidad y la indolencia.