La lucha contra las drogas en el Perú, por Ricardo Soberón

Por Ricardo Soberón Garrido, presidente ejecutivo de Devida

Hace 35 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 26 de junio como el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido de Drogas y el Tráfico Ilícito de las mismas. No es ni una celebración ni una conmemoración, más bien se trata de una profunda reflexión global en nuestro rol como ciudadanos, campesinos, funcionarios públicos, actores informales, periodistas, jóvenes e indígenas.

En nuestra condición de importante productor de la materia prima de la que se extrae la cocaína, esto para el Perú tiene una importancia fundamental en diversos niveles: la actuación del Estado, la percepción de la sociedad urbana y rural, la prensa y la generación de una opinión pública escasamente formada; y, sobre todo, la acción de comunidad internacional.

En primer lugar, es un llamado a la reflexión de las personas, los ciudadanos urbanos y rurales, pero también los partidos políticos y otros colectivos (colegios profesionales, clubes deportivos y otras comunidades) que deben reflexionar sobre las consecuencias de ensalzar los excesos que cometemos como individuos, los abusos o la toma de decisiones al momento de trasgredir la ley en cualquiera de los niveles del ciclo de la producción, tráfico y el consumo de drogas, legales e ilícitas.

En segundo lugar, es más que evidente que en la agenda política de la coyuntura nacional no necesariamente se recogen o abordan los elementos que se encuentran detrás del problema de las drogas y el narcotráfico, a saber: (i) la incesante demanda internacional de cocaína en el norte (19 millones de usuarios), (ii) la expansión de los cultivos de coca en nuevas áreas de la Amazonía (entre 60.000 y 80.000 has en el país), (iii) los límites de las políticas económicas ortodoxas para abordar un fenómeno complejo (recursos limitados que nos obligan a constantes demandas adicionales de presupuesto) y/o (iv) los retos de la demanda local de drogas en la pospandemia, por citar algunos de los dilemas.

El propio Acuerdo Nacional del 2001 tiene una perspectiva limitada del fenómeno que se pretende abordar, así como el propio artículo 8 de la Constitución de 1993: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales”. Solamente en ese corto enunciado se contempla la limitada percepción del legislador constituyente para abordar el tema de las drogas. En definitiva, en las actuales circunstancias que vive el país, es necesario hacer un llamado a la conciencia individual y colectiva de los y las peruanas, para que adoptemos comportamientos claros y firmes, éticamente irreprochables en contra del uso indebido de todo tipo de sustancias y de no involucramiento en ninguna de las modalidades del delito de tráfico ilícito.