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Cuando un defensor muere...

“Hoy que vemos una nueva ola de conflictividad social en torno a actividades extractivas debiéramos repensar la manera en que gestionamos como país los proyectos extractivos”.

Hoy es el Día de la Tierra y hoy se clausura la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado regional en materia ambiental, pensado para garantizar en nuestros territorios acceso a información, participación pública y justicia ambiental. Ha sido calificado como un tratado cuyo objetivo es profundizar la democracia.

El tratado incluye el reconocimiento de las y los defensores ambientales, personas que, desde los territorios en los que se desarrollan actividades que generan contaminación ambiental, buscan preservar nuestros recursos. Levantan la voz de alerta, buscan información y la comparten, se organizan para defender la tierra. Son personas que están en riesgo permanente.

Hoy en el Perú se ha convocado a un plantón para exigir al Congreso que ratifique el Acuerdo de Escazú. Fuimos uno de los 24 Estados que suscribieron el tratado el 2018, pero aún no entra en vigencia pues el Congreso sigue sin ratificarlo. Se intentó sin éxito en el período hegemonizado por el fujimorismo y volvió a intentar en el Congreso electo tras su disolución.

Ahora toca ver si este nuevo Congreso seguirá la ruta de sus predecesores, dándoles la espalda a las y los defensores ambientales dejándose ganar por la campaña de miedo e intrigas de los opositores al tratado o si, por el contrario, nos permitirá poner en vigencia un instrumento clave para la gestión de los conflictos socioambientales en el país.

Hoy que vemos una nueva ola de conflictividad social en torno a actividades extractivas debiéramos repensar la manera en que gestionamos como país los proyectos extractivos. Se ha creído por mucho tiempo que lo importante es aprobar a como dé lugar y lo más rápido posible proyectos extractivos. Hoy vemos a comunidades de los entornos reclamando compensaciones y bloqueando su desarrollo. Parte de esta conflictividad se debe a que no existió información adecuada y oportuna, no hubo procesos reales de participación ciudadana y tampoco se desarrollan con eficacia los procedimientos de administración de justicia en casos de disputas vinculadas a la actividad extractiva.

La convocatoria a este plantón coincide con una terrible noticia, la muerte de un defensor ambiental en Junín: Ulises Rumiche. Las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las y los defensores ambientales señalan que con esta muerte ya serían 5 defensores que pierden la vida este año, solo en lo que va del año, por ausencia de protección efectiva del Estado. La muerte de Rumiche está aún en investigación. Él era indígena nomatsigenga y gerente de pueblos amazónicos en Pangoa. Opositor al tráfico ilegal de madera y la ocupación ilegal de tierras indígenas. Desde acá un abrazo fraterno a sus familiares, compañeras y compañeros.