Regulación en serio

El derrame de petróleo ocurrido en las costas de Ventanilla el fin de semana pasado ha generado debate sobre las responsabilidades que acarrea. Y debería llevarnos a cuestionar las múltiples ocasiones en que el Estado ha renunciado a ser más firme y decidido en cuanto a sus funciones de regulación, control y sanción. Junto con las consecuencias que eso genera.

La relación entre lo público y lo privado siempre ha mantenido una tensión acerca de los límites de la regulación, la cual cobra un particular matiz cuando se trata de la regulación alrededor de actividades económicas.

El desarrollo económico formal y la inversión privada son fuente de tributos –los mismos que sostienen los servicios públicos– y dan trabajo a la población. También en muchos casos son fuente de servicios que, de otra forma, el Estado no siempre podría brindar. Sin embargo, son actividades que tienen efectos sobre el contexto en que se realizan, incidiendo sobre el territorio, las personas y, aunque parezca que nos acordamos solo ante el desastre, los ecosistemas. Si el fin último del Estado es garantizar bienestar y servicios para los ciudadanos y ciudadanas que habitan en su territorio, ninguna actividad puede estar exenta de ser normada para garantizar que los efectos negativos no existan o haya forma de resarcirlos ante su ocurrencia.

No debiese el Estado renunciar a su rol regulador y protector de su territorio y población, pero se ha hecho muchas veces en pro del denominado “desarrollo económico”. Fácilmente oímos llamar “barreras burocráticas”, “desincentivos a la inversión” o “sobrecostos laborales” a lo que son mecanismos de regulación, de garantía de derechos y de prevención de situaciones de desastre.

Las normas en muchos sectores productivos y económicos han tendido a ser más laxas para beneficiar la inversión, pero han olvidado que la inversión sin personas y sin bienestar general no tiene importancia.

Ahora nos encontramos con un derrame petrolero sin plan de mitigación y con un Comité de Crisis instalado 5 días después de los sucesos, cuando el derrame se ha extendido largamente por la costa norte de Lima. Pero, además, nos toca reconocer los más de cien derrames de petróleo que han afectado en los últimos años a la Amazonía y en los que, según palabras del apu Emerson Mucushua: “El Estado no toma acciones legales cuando hay un derrame de crudo en pueblos indígenas”.

Esto mismo ocurrió por años en torno a las universidades privadas. El Estado abdicó de garantizar que estas brindaran una formación adecuada a los y las estudiantes que depositaban en ellas sus expectativas, permitiendo la existencia de facultades en garajes y títulos que difícilmente facilitaran su inserción laboral; ese mismo sistema sin control que ahora se busca retomar con los ataques constantes a la reforma universitaria y a la SUNEDU.

¿Y el transporte? ¿No da acaso la espalda el Estado a su tarea de garantizar un transporte seguro y de calidad a la ciudadanía ampliando las licencias de los buses informales y facilitando la circulación de los colectivos?

Al inicio de la pandemia también nos encontramos cuestionando un derecho esencial que el Estado no estaba protegiendo: el derecho a la salud. Ya no solo por la baja inversión y condiciones de la salud pública en todo el país, sino porque resultó que las clínicas privadas incrementaron sus precios sin inmutarse y que los medicamentos se encarecieron. Y aquí no pasaba nada mientras perdíamos a cientos de miles de compatriotas.

No podemos seguir supeditando el rol regulador del Estado a la conveniencia de la inversión. Esta es por supuesto necesaria, pero las personas están por encima de ella y también nuestro territorio y nuestro medioambiente, esa casa común sin la cual daría lo mismo el tan necesario y a la vez tan manido “desarrollo económico”.